5 meses de la invasión del 3E: Venezuela exige retorno del presidente

Nicolás Maduro ya tiene 152 días preso y expertos estiman que el juicio no comenzará aún

03/06/26.- Hace cinco meses, el 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó contra Venezuela un ataque militar unilateral conocido como "Operación Resolución Absoluta", que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa la diputada Cilia Flores, tras bombardear instalaciones estratégicas en Caracas y otras regiones. 

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se produjeron en la madrugada en Caracas y otros estados centrales como Aragua, Miranda y La Guaira, por lo que el Gobierno nacional denunció la "gravísima agresión militar" estadounidense y adelantó que se reservaría el derecho a ejercer la legítima defensa.

En un comunicado previo a conocerse el secuestro de Maduro, el Ejecutivo nacional informó que el mandatario había "firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, así como el despliegue militar y policial.

Violación flagrante del Derecho Internacional

Lo ocurrido es para el Gobierno venezolano, según un comunicado leído en Venezolana de Televisión (VTV), "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", alertando que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

El derecho internacional es claro: El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 3, exige el arreglo pacífico de las controversias.

La Declaración sobre Relaciones de Amistad (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibición de la intervención armada.

Por otra parte, la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión, señalando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violación de la Carta constituye prueba prima facie de un acto de agresión, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operación del 3 de enero implicó precisamente esas modalidades.

Resulta evidente que el gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar meses atrás con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo el secuestro de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Cabe destacar que el mismo 5 de enero, durante la primera audiencia, el Departamento de Justicia eliminó la acusación formal que señalaba al primer mandatario nacional como líder o jefe del llamado "Cártel de los Soles", tras admitir que dicha estructura como organización criminal no existe.

152 días en prisión

Ambos, Maduro y Cilia, están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lugar que ha sido criticado durante años por condiciones descritas como peligrosas e inhumanas. Algunos abogados y detenidos hasta han llegado a describir el centro como un “infierno en la Tierra” en medio de acusaciones de condiciones insalubres, inseguridad y aislamientos prolongados, refiere el canal de televisión por suscripción estadounidense de noticias CNN (Cable News Network).

Para alguien como Maduro, la experiencia podría ser aún más restrictiva. Expertos señalan que figuras de alto perfil suelen ser mantenidas separadas de la población general, por razones de seguridad. “Esperaría que su rutina sea de 23 horas al día en encierro”, explicó Cameron Lindsay, exdirector del centro. Eso implica confinamiento casi total en una celda, comidas entregadas por una ranura en la puerta, poco o ningún contacto con otros internos y recreación limitada, generalmente en solitario.

Aunque el Buró Federal de Prisiones (BOP) no confirmó en qué unidad específica se encuentra ni dio detalles sobre las condiciones de su detención, expertos y abogados coinciden en que personas de su perfil suelen estar recluidas probablemente en la Unidad de Vivienda Especial, ubicada en la parte más alta del edificio.

“Es el nivel más restrictivo dentro de la instalación”, explicó a CNN el abogado penalista y de derechos civiles Daniel McGuinness. Allí, los detenidos pasan casi todo el día solos en sus celdas y, cuando salen, lo hacen bajo estricta supervisión y con comunicación limitada, según reportes del Departamento de Justicia.

Aunque puede parecer un castigo, este tipo de confinamiento no siempre lo es, según los expertos consultados. De acuerdo con el BOP, en muchos casos se trata de detención administrativa, una medida no punitiva utilizada para proteger al detenido, al personal o al propio proceso judicial aunque eso implique condiciones restrictivas y limitaciones significativas en su rutina diaria.

Separados

En el MDC, hombres y mujeres se alojan en unidades completamente distintas, incluso si están casados. Además, en casos federales como este, los coacusados generalmente tienen prohibido comunicarse entre sí.

Según prácticas establecidas en el sistema federal, los tribunales pueden imponer órdenes de “no contacto” para evitar colusión, manipulación de testigos o interferencias en el proceso judicial.

Esto significa que, incluso dentro del mismo centro de detención, Maduro y Flores probablemente no pueden verse ni comunicarse directamente, más allá de posibles encuentros controlados en presencia de sus abogados.

Cualquier otro contacto con el exterior es posible, pero está limitado, monitoreado y sujeto a reglas estrictas. Las visitas deben ser preaprobadas, las llamadas son breves y en condiciones más restrictivas pueden reducirse a una al mes y no hay acceso libre a internet, de acuerdo con normas del sistema penitenciario federal.

Proceso judicial

El juicio federal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores continúa en la fase preliminar, con la próxima audiencia fijada para el 30 de junio de 2026 a las 12:00 (hora de Nueva York). Durante esta etapa, que llega a prolongarse durante varios meses, los equipos legales plantean mociones, evalúan las evidencias y debaten ante el tribunal antes de establecer la fecha para un juicio definitivo.

• Ubicación y juez: La vista se celebrará ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las instancias federales más relevantes en Estados Unidos para delitos internacionales, bajo la presidencia del juez Alvin Hellerstein, quien ha supervisado distintas etapas del proceso desde su inicio en enero de 2026.
• Como director del proceso, Hellerstein ha tomado decisiones clave como aceptar modificaciones procesales; autorizar cambios en la estrategia legal y programar nuevas audiencias
• Motivo del aplazamiento: El tribunal aceptó la solicitud de ambas partes para fijar esta nueva fecha, lo que indica coordinación entre defensa y Fiscalía en el desarrollo del proceso, lo cual les permitirá tiempo necesario para la revisión del estado del caso; para que la defensa revise el material probatorio entregado por la Fiscalía; la estructuración de ajustes en la estrategia de defensa y acusación, así como la definición de próximos pasos procesales tras la autorización del gobierno estadounidense para que Venezuela financie los honorarios de los abogados.
• Situación actual: Ambos, Maduro y Cilia, permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y se han declarado no culpables de cargos que incluyen narcoterrorismo, narcotráfico y blanqueo de dinero.

Cabe destacar que en la primera audiencia de ante un tribunal federal en Nueva York, el 5 de enero de 2026, dos días después de su secuestro en Caracas. Ambos se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico, conspiración narcoterrorista y posesión de armas.  Maduro se identificó como el presidente legítimo de Venezuela y afirmó haber sido "secuestrado" por fuerzas estadounidenses.

¿Qué sigue?

La audiencia del 30 de junio será una nueva etapa dentro del procedimiento, en la que se espera la evaluación de avances de ambas partes; determinación de los siguientes pasos a seguir y posibles definiciones sobre el rumbo del juicio

El proceso continúa en desarrollo y dependerá de resoluciones judiciales en Estados Unidos. La audiencia del 30 de junio será la tercera comparecencia formal del matrimonio ante el tribunal. La segunda se celebró el 26 de marzo, cuando la defensa insistió en la desestimación de los cargos y el juez descartó esa posibilidad.

Con los plazos procesales suspendidos y la disputa por la financiación de la defensa resuelta, el caso ingresa en una fase de preparación que podría extenderse durante meses antes de que se fije una fecha de juicio.

Los queremos de vuelta

Desde el pasado 3 de enero, miles de venezolanos exigen a Estados Unidos la liberación y devolución inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes califican como "secuestrados" tras la intervención militar estadounidense en Caracas. 

Bajo consignas como "Los queremos de vuelta" y "El imperio lo secuestró", se han movilizado en diversas ciudades como Caracas, Trujillo y Nueva Esparta para demandar el retorno del presidente y su esposa.

Apoyo internacional

Por su parte, el activista político y economista João Pedro Stédile, integrante de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil, emitió una contundente declaración de apoyo a Venezuela, en coincidencia con los cinco meses de lainvasión de los EE.UU., que provocó más de un centenar de muertos y derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, según reporte del canal de televisión abierta multiestatal de noticias, Telesur. .

Entre otras ideas, Stédile señala: «Lucharemos para que el presidente Maduro y la diputada Cilia Flores sean liberados, ya que no han cometido ningún delito y Estados Unidos no tiene ni el derecho ni la autoridad moral para condenarlos a nada. Por el contrario, espero que en el futuro el tribunal de La Haya juzgue y condene a los actuales dirigentes de EE. UU. por sus bombas y crímenes en Gaza, Irán, Siria, Sudán, el Caribe, Venezuela, Cuba y dentro de su propio país, por la persecución de los pobres y los migrantes.

«La historia de la lucha de clases da vueltas, tiene altibajos, avances y retrocesos, pero la humanidad siempre caminará hacia la construcción de sociedades más justas e igualitarias, con soberanía de los pueblos y paz», concluyó.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS