Ley del Sistema y Servicio Eléctrico no implica privatización

Así lo aseguró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, luego de sancionado el instrumento

10/11/26.- La Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria de este martes, sancionó por votación unánime la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que servirá para dar apertura a la prestación de este servicio y optimizará su funcionamiento.

Entre los aspectos más relevantes de este instrumento legal se prevé la creación de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como un ente autónomo para regular el sector y que permita la participación mixta (pública y privada) mediante concesiones. Esto equipara las exigencias para las empresas privadas con las de Corpoelec, garantizándoles el derecho a retribución y acceso a las redes mediante peajes.

Igualmente, en el contexto de lo establecido en las leyes en cuanto a las atribuciones del Estado para ejercer control sobre áreas estratégicas como la energía, el artículo sexto reserva exclusivamente para el Estado el control de las redes troncales de transmisión, el despacho del sistema y la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua, Caura y el complejo Uribante-Caparo.

La Ley también establece la reglas para los intercambios internacionales de energía a través de la generación, transmisión, despacho del sistema, distribución y comercialización.

Asimismo, el texto aprobado establece las obligaciones fundamentales de los usuarios, incorpora la participación del poder popular en la gestión y regula aspectos vinculados al alumbrado público y la materia tributaria.

Tras la sanción de la ley, la misma será remitida inmediatamente al Ejecutivo nacional para su promulgación y dictar el ejecútese.

Jorge Rodríguez: no vamos a privatizar Corpoelec

Una vez concluida la sesión, el presidente de la Asamblea Bacional, Jorge Rodríguez, fue enfático al expresar que esta nueva ley en ningún modo implica que se vaya a privatizar la prestación del servicio eléctrico en Venezuela.

Por el contrario, Rodríguez afirmó que el instrumento permite la apertura a la inversión privada, tanto nacional como internacional, en las áreas de generación y comercialización de la energía eléctrica en el país.

"En primer lugar va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio, es decir, que pueda darse la autogeneración. Que un privado genere electricidad y puede proporcionar a cambio de una tarifa establecida, proporcionársela a empresas, industrias, centros comerciales, y de esa manera va a contribuirse en aumentar la oferta de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional", argumentó.

Asimismo, el jefe parlamentario refirió un aspecto clave de la ley, como lo es el tema de las distintas sanciones contempladas en su articulado.

"Se estableció también un régimen no solamente sancionatorio, que es importante que lo diga, porque en el régimen sancionatorio se establecen aquellas penalizaciones que se refieran a que no se cumpla con el servicio de forma adecuada, a que se afecte la distribución del sistema público de energía eléctrica, a que haya una oferta engañosa en ese proceso", expuso.

Adicionalmente, el diputado apuntó que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece cuales son las bondades y garantías que van a tener los privados que quieran participar en esta área de la economía venezolana.

Previo a la sanción de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, la Asamblea Nacional la AN aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

Este tratado busca blindar los derechos patrimoniales y morales de los artistas del cine, televisión y medios digitales.

La diputada Ilenia Medina, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, quien fue la encargada de presentar el informe, expresó que el tratado representa un hito clave en la adecuación de la legislación nacional a los estándares globales en torno a la propiedad intelectual.

Mencionó que por primera vez se otorgan garantías explícitas y económicas a los actores, bailarines, músicos y ejecutantes en producciones audiovisuales frente a la era digital y la transmisión transfronteriza.

El Tratado de Beijing, adoptado en junio de 2012, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es un instrumento internacional diseñado para reconocer y proteger los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes dentro de la industria audiovisual, con especial énfasis en actores y creadores del ámbito cinematográfico, televisivo y de video.

REINALDO J. LINARES ACOSTA / CIUDAD CCS