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las diplomacias y algo más

Por J. J. Álvarez

24/10/2026.- Todo periodista tiene una idea más o menos precisa de lo que está ocurriendo en el mundo desde inicios de siglo: esos tremendos conflictos diplomático-militares en los que están comprometidos Estados Unidos (EE. UU.) y Rusia, seguidos por grupos de países e intereses como Israel, en el caso del genocidio contra la población palestina; Ucrania, con el golpe de Estado contra su presidente, Víktor Yanukóvich, perpetrado por grupos neonazis criminales en febrero de 2014; Irán, amenazado de exterminio por EE. UU. e Israel; y Venezuela, atacada en 2026 por Estados Unidos mediante el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa, entre otros. En las bases militares estadounidenses en el exterior, en Israel y en Ucrania se tropieza a diario con esta fatal realidad.

¿Qué sabemos de la guerra actual? Para entenderla basta un simple análisis a partir de lo afirmado por el destacado militar prusiano Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), quien señalaba que "la guerra es un acto de violencia destinado a obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad", o bien que "la guerra es la continuación de la política por otros medios". El objetivo político, como móvil inicial de la guerra, dará la medida del fin a alcanzar por la acción militar en relación con los Estados, así como de los esfuerzos que deberán realizarse.

El derecho diplomático y consular internacional es parte del derecho internacional público y comprende los principios y normas sobre el régimen de las relaciones entre los Estados y entre otros sujetos del derecho internacional. Regula principalmente la situación jurídica y el funcionamiento de los órganos de relaciones exteriores de los países y de sus funcionarios, así como lo referente a los privilegios e inmunidades de las organizaciones intergubernamentales y su personal. Por lo tanto, el derecho diplomático y consular está ligado, ante todo, a la actividad diplomática de las naciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 152 y 153 del capítulo sobre las relaciones internacionales de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la nación se fortalece con el orden jurídico allí instaurado, la garantía de la legalidad y la consolidación de la disciplina cívica. Estos son factores decisivos para la edificación exitosa del Estado democrático y social, así como para la preservación de los derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

El artículo 152 de la CRBV establece: "Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo". Por su parte, el artículo 153 dispone:

La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones y que garanticen el bienestar del pueblo y la seguridad colectiva de sus habitantes.

En el mundo contemporáneo existen dos políticas exteriores opuestas: la política exterior de los Estados unipolares occidentales y la política exterior de los Estados multipolares. La primera persigue el objetivo de proteger los intereses de los monopolios capitalistas, combatir cualquier manifestación de revolución social o movimiento de liberación nacional e imponer la dominación económica a otros pueblos. Esta política está en abierta pugna con el beneficio de los pueblos, suscita inevitablemente focos de tensión internacional y, con frecuencia, acarrea conflictos armados y guerras. En cambio, la política exterior de los Estados multipolares está orientada a asegurar la paz, la libertad, las ganancias compartidas equilibradas y la independencia popular.

En el caso de la guerra de agresión que Estados Unidos ha llevado a cabo contra el Estado y el pueblo venezolanos, se trata de un ataque caracterizado por hechos genocidas, criminales e inhumanos por parte de sus fuerzas armadas, así como por el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Fue un acto bélico traicionero que contó con el factor sorpresa y con el respaldo de acciones de ciberguerra preparadas cuidadosamente durante meses por el mandatario estadounidense Donald Trump en su intento por aplastar el Estado bolivariano. La operación militar del 3 de enero de 2026 se inició sin una proclamación de guerra o ultimátum con declaración condicionada de guerra, aspectos plenamente regulados por el III Convenio de La Haya de 1907.

Como advierte el escritor y politólogo argentino Atilio Borón: "La diplomacia está amenazada de muerte, sin lugar a dudas; se pretende instaurar 'la ley del más fuerte' como norma legal". La diplomacia es la ciencia de las relaciones internacionales; es la actividad oficial de los jefes de Estado y de Gobierno, así como de los organismos especializados de relaciones exteriores, orientada a la consecución de los objetivos y tareas de la política exterior de las naciones y a la protección de sus derechos e intereses en el extranjero.

Estados Unidos sabe que la diplomacia de su política exterior ya no puede ocultar a los pueblos del mundo sus verdaderos fines: el uso de presiones, amenazas, terror, intrigas, sobornos, engaños y la organización de complots, pues la máscara de tan perniciosos objetivos ha caído por completo.

Sin embargo, en el panorama actual, Venezuela parece encaminarse hacia un nuevo tipo de diplomacia con el Estado norteamericano, caracterizada por la formulación de una ruta para la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares. Entre estos pasos iniciales destaca la medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha eliminado a Venezuela de la lista de países con restricciones para las inversiones en el extranjero.