Situación jurídica de Nicolás Maduro y Cilia Flores sigue en suspenso

Hoy se cumplen nueve meses del secuestro del Presidente y la primera dama

03/10/26.- Al cumplirse este sábado nueve meses de la retención ilegal del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, en la opinión pública venezolana se mantiene la expectativa sobre el desarrollo del proceso judicial que se ha iniciado en Nueva York, (donde ambos permanecen en una cárcel de Brooklyn) y que hasta el momento no ha mostrado señales sobre el curso y el desenlace del mismo.

Este estatus jurídico, si bien se prevé que se mantenga en un largo suspenso, tomando en cuenta que el juez de la causa, Alvin Hellerstein, ha fijado una audiencia conjunta para el 1° de junio de 2027, podría sufrir una interesante variación la próxima semana, debido a la petición de los abogados defensores de Cilia Flores de que se le cambie la condición de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, alegando que Flores, de 69 años, ha sufrido afecciones cardíacas, pérdida de peso, mareos y dificultades respiratorias.

Con este panorama, el juez Hallerstein fijó para el próximo jueves 8 de octubre, a las 10:00 de la mañana, una audiencia en la que evaluará la petición de la defensa, en la que podría tomar una decisión ese mismo día y conceder la casa por cárcel.

En el otro escenario, el magistrado, si decide evaluar más a fondo los historiales médicos (los cuales ordenó sellar previamente para proteger la privacidad de la acusada) o si concede la audiencia probatoria alternativa que solicitó la defensa, el veredicto escrito podría retrasarse algunas semanas más.

Defensa de Maduro insiste en su fuero presidencial

Entre tanto, la defensa de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York, liderada por el abogado Barry Pollack, y especialistas en derecho en Venezuela, han coincidido e insistido en que el sistema judicial de Estados Unidos ha incurrido en ilegalidad al desconocer que el mandatario venezolano goza de inmunidad, dada su condición de jefe de Estado.

A esta situación se suma el hecho que, en las etapas iniciales del proceso, los abogados denunciaron que las autoridades estadounidenses estaban vulnerando los derechos constitucionales del detenido al bloquear el uso de fondos del Gobierno venezolano y sobre ello argumentaban que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impedían pagar los honorarios del bufete privado contratado.

Posteriormente, la defensa logró que se allanara el camino para el financiamiento tras discusiones sobre el uso de recursos venezolanos bloqueados para sufragar el litigio.

Asimismo, la defensa ha argumentado que los hechos delictivos descritos por la Fiscalía estadounidense consistieron en realidad en acciones y decisiones oficiales del Estado venezolano. Sostienen que el uso de facultades diplomáticas, militares y de seguridad nacional está amparado por la soberanía del país, por lo cual los cargos de conspiración y narcoterrorismo no deberían juzgarse bajo las leyes de una corte ordinaria de los Estados Unidos.

En todo caso, el juez Hellerstein tiene previsto escuchar las exposiciones orales sobre estos argumentos el próximo 17 de noviembre, en una sesión en la que podría variar el rumbo del proceso que se le sigue al Presidente y a la primera dama.

REINALDO J. LINARES ACOSTA / CIUDAD CCS