Analista afirma que adecuación de Ley contra el Odio fortalece la paz

El análisis del texto legal se fundamenta en la Constitución y el ideario bolivariano

07/11/26.- ​El analista político Juan Martorano destacó que la propuesta de adecuación a la Ley contra el Odio busca afianzar la paz social en Venezuela mediante un enfoque preventivo y formativo. El especialista fundamentó este proceso de revisión en los principios consagrados en la Constitución de la República y en el ideario de Simón Bolívar.

​Martorano evocó el propósito original de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, mecanismo del cual surgió este instrumento normativo para garantizar la convivencia. Asimismo, recordó que el Artículo 2 de la Carta Magna establece que el país se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, premisa que orienta los cambios impulsados por el Parlamento y diversos actores políticos.

​Bajo la doctrina del Libertador Simón Bolívar, el analista explicó que las leyes no deben ser estructuras inamovibles, sino responder a las exigencias políticas, económicas, sociales y morales de cada época. En ese sentido, reconoció la valentía de las autoridades nacionales al promover una actualización que corrija las fallas operativas del texto vigente y rechace las campañas de desinformación.

​Prevención ciudadana frente a la persecución

​El especialista rechazó las operaciones de guerra psicológica que intentan calificar la norma como un mecanismo de persecución política. Por el contrario, subrayó la honestidad del Ejecutivo al admitir que existieron excesos en su aplicación previa, lo que justifica plenamente la necesidad de optimizar el marco legal para adaptarlo a la realidad social del país.

​Asimismo, aclaró que la directiva de la Asamblea Nacional (AN) no plantea derogar el instrumento legal, sino reorientarlo hacia la educación e integrar a la ciudadanía en la resolución pacífica de los conflictos. Con ello se busca contrarrestar las agendas desestabilizadoras de sectores extremistas que pretenden instrumentalizar las exigencias sociales para generar violencia.

​Finalmente, Martorano ratificó que el derecho a la manifestación pacífica y sin armas sigue plenamente garantizado en el Artículo 68 de la Constitución Bolivariana. El analista concluyó que la actualización normativa protegerá las reivindicaciones legítimas de la población frente a grupos minoritarios que desvirtúan la protesta para atentar contra la soberanía nacional.

DARIELYS MACHADO / CIUDAD CCS