Colombianos marchan contra políticas de Abelardo de la Espriella

El detonante principal fue el decreto 1525 que busca criminalizar la protesta

14/10/26.- Miles de ciudadanos salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia, este miércoles, para manifestarse en contra de las políticas implementadas por el presidente Abelardo de la Espriella. 

Los manifestantes protestaron contra el encarecimiento del costo de vida, el aumento de la violencia, el desmantelamiento de logros sociales y las medidas orientadas a restringir el derecho a la movilización ciudadana.

​La convocatoria congregó a una amplia alianza integrada por sindicatos, agrupaciones estudiantiles, partidos de oposición, centrales obreras y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La diversidad de sectores participantes, que incluyó desde el gremio docente hasta los pueblos originarios, amplificó el alcance de una jornada que trascendió la capital y se replicó de forma simultánea en diversas regiones del país.

La convocatoria de la masiva marcha surge desde sectores opositores liderados por el expresidente Gustavo Petro. Durante el recorrido, los manifestantes avanzaron por las principales vías portando pancartas y entonando cánticos y consignas en contra del Ejecutivo, exigiendo cambios en el rumbo económico y social de la nación, reseñó Telesur.

Esta primera gran jornada de movilización social refleja la profunda polarización política que atraviesa Colombia y marca el inicio de una férrea oposición ciudadana e institucional frente al nuevo gobierno de corte derechista. La convergencia de sindicatos, movimientos indígenas y bases estudiantiles bajo el liderazgo del sector progresista evidencia un clima de alta tensión social a tan solo dos meses de haber iniciado el mandato, anticipando un escenario de constante pulso político en las calles del país sudamericano.

​El detonante principal de las protestas fue el decreto 1525, promulgado por el presidente Abelardo de la Espriella, una normativa que establece lineamientos para la actuación de la fuerza pública durante las concentraciones y otorga facultades para su disolución ante alteraciones graves del orden. Ante esto, las administraciones locales respondieron con un despliegue masivo de seguridad en las principales urbes.

​La oposición interpretó dicho operativo como un mecanismo para limitar preventivamente el derecho a la protesta, exacerbando el malestar social acumulado por la crisis económica y la supresión de programas sociales.

LADY GÓMEZ / CIUDAD CCS