Punto y seguimos | Otra historia de los descartados

Por Mariel Carrillo García 

La señora Maricarmen Abascal tiene 87 años. Nacida y criada en Madrid, ha vivido 70 años en el mismo lugar, un departamento del acomodado barrio de Retiro, rentado primero por su padre, su madre y ella misma a la muerte de la última en 2005. Maricarmen cancela 500 euros al mes por el alquiler (su pensión es de 1350), una tarifa que se mantuvo digamos “estática” por muchos años, incluso cuando la propiedad fue adquirida por la inmobiliaria Urbagestión en 2018. Esta empresa compró el departamento a un precio “irrisorio” según indica el diario El País “precisamente porque ella vivía allí”. Desde el 2020, han intentado desalojar a la anciana, quien, dicho sea de paso, nunca dejó de pagar su renta. Le informaron que el contrato se había renovado dos veces (límite legal) y le aumentaron a 1600 euros que, claramente, no podía pagar con sus ingresos. 

Urbagestión se negó a todas las formas de negociación legal que se le propusieron. Insistieron en que no podían renovar a 500, y en el año 2025 lograron la primera orden judicial de desalojo de Maricarmen, misma que no se efectuó gracias a la intervención de los vecinos. Vendrían tres intentos más, el último hace pocos días, donde finalmente la empresa pudo sacar a la octogenaria de su hogar. Con mediaciones hasta de las Naciones Unidas, se ha intentado resolver el problema, incluyendo ofertas de famosos (escritores, artistas) de cancelar el alquiler aumentado de Maricarmen, y hasta de comprar el inmueble para permitir que la señora lo siga habitando, pero la empresa se negó a todo. 

Como para hacer más evidente la inquina, después de idas y venidas, los litigantes de Urbagestión propusieron que el ayuntamiento de Madrid comprara la propiedad para que Maricarmen pudiera acceder a alquileres más bajos a través del programa social de la entidad. La otra parte lo descartó. El Ayuntamiento y la Comunidad de la ciudad, luego del aspaviento mediático del caso, han declarado ser los únicos preocupados por el bienestar de la anciana y de haberle ofrecido opciones (todas las cuales requerían que abandonara su hogar y se ubicara en espacios de asistencia social o alejados de su ciudad y todo lo que conoce) que ella ha rechazado. La abogada de Abascal relata la ignominia a la que ha sido sometida su clienta, víctima de leyes franquistas y desprotección de instituciones públicas, pero, sobre todo, lo que queda clarísimo es la deshumanización y la alevosía con la que la empresa inmobiliaria, propiedad de Fernando y Ricardo Alonso han llevado la situación. 

La compañía es éticamente monstruosa. No oculta sus intenciones de deshacerse de la inquilina, porque el inmueble les pertenece. No la quieren allí, no permiten que otros paguen el alquiler, ni que lo compren para permitir que siga habitando el lugar, proponen tratos imposibles. Es ominoso. Supera el tema del derecho a la propiedad. Es una escena que muestra crudamente que es una cuestión de poder. No es por el dinero (del alquiler o el apartamento). Incluso si el lugar es parte de un proyecto millonario futuro, no justifica el desahucio de una mujer sola en la última etapa de su vida. Es la necesidad de imponer un valor. De dejar demostrado que los derechos de quienes tienen el poder valen más que lo derechos humanos del ciudadano común. 

Hoy Maricarmen se encuentra agotada y afectada en la cama de un hospital público, mientras los “dueños” legales de su casa (¿70 años pagando renta no significan nada?) y los organismos del estado se dedican a burocratizar y a jugar con la vida de una mujer de casi 90 años, despojada de su hogar, tratada como un desecho, un inconveniente, algo descartable. Mejor prueba de lo que el capitalismo le hace a la vida, no hay. Maricarmen, Gaza, son ejemplos – en distinta gradación- de que el sistema actual es incompatible con la humanidad.