TSJ abre investigación sobre tres fiscales del MP

Alto Tribunal solicita verificar la actuación de funcionarios del Poder Judicial

22(09/26.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Constitucional, ordenó la apertura de una investigación penal contra la fiscal 69ª Nacional Plena del Ministerio Público, Mirian Lima Bernal, por la presunta comisión del delito de omisión dolosa de recursos legales, previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Contra la Corrupción.

La decisión está contenida en la sentencia 624 emitida el pasado 27 de mayo, donde se especifica que tanto Lima Bernal como dos fiscales y una jueza del estado Miranda participaron de un fraude procesal cometido contra Julio César Velasco Pérez y su hijo Leiner Daniel Velasco Zambrano.

Según la Sala del Alto Juzgado, dicha actuación se basa en haberse empleado la justicia penal para resolver un asunto de naturaleza mercantil.

Los Magistrados del TSJ, igualmente señalan de fraude procesal a la jueza Yusbely del Carmen Caguaripano, por haber dado aprobación al acuerdo preparatorio en el cual el ciudadano  Julio Velasco fue despojado de sus bienes para pagar una denuncia que ya había cancelado.

El Tribunal avala una investigación contra la jueza y las dos fiscales de Miranda,  porque.

“atentaron contra la buena marcha del sistema de justicia y contra los derechos e intereses de las víctimas, expresaron los Magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

Terrorismo Judicial

Las acciones ejecutadas contra los Velasco, constituyen actos catalogados como de terrorismo judicial, expresado en el fraude procesal, dicen la Sala Constitucional, cuyos magistrados recordaron cómo describen sus colegas de la Sala Penal esa especie de delito.

“Reclamar derechos que van en detrimento de la propiedad y el patrimonio de las personas, accediendo a la jurisdicción penal con el solo fin de presionar y coaccionar a las personas y lograr someter hechos que no se encuentran calificados como delitos, con el solo objetivo de obtener beneficios al margen del ordenamiento jurídico, es lo que hoy se conoce como terrorismo judicial”, acotó el TSJ.

El relato

Corre el año 2020, cuando Richard Eduardo Guerrero Márquez y Julio Velasco se asociaron para venderle al Ministerio del Poder Popular para la  Educación (MPPE), mil 300 pupitres.

Entregados los productos  el ciudadano  Julio Velazco,  inicia el pago a su socio. Pero en medio de ese proceso, Velazco fue denunciado ante el Cicpc-Guarenas,  alegando falta de pago sobre intereses y de capital inicial.

Las actas de esa denuncia fueron enviadas a Andy Marlene Padrino Oliveros y Engimar Margely Pérez Medina, fiscales auxiliar y provisoria 4ª de Miranda.

Dichas fiscales tramitaron una orden de aprehensión contra Julio Velasco, la cual fue acordada por la jueza 3ª de control de Miranda, Yusbely Caguaripano Arguinzones.

 A los cuatro meses, las funcionarias solicitaron aprehender a Leiner Velasco, hijo de Julio Velasco, siendo privado de libertad tras imputársele estafa agravada y agavillamiento.

Las dos fiscales y la jueza le sugirieron al detenido que, para salir en libertad, su padre debía pagar la presunta deuda a Richard Guerrero, socio de Velazco,  mediante un acuerdo reparatorio. Al cual Velasco aceptó por la libertad de su hijo y accedió a entregar dinero y vehículos, con lo cual sumó 100 mil dólares,  que canceló a Richard, aun cuando le había pagado la deuda pasada, dice el fallo.

Posteriormente, Leiner Velasco denunció el asunto ante el Ministerio Público, donde asignaron la investigación a Miriam Lima Bernal, quien tramitó un sobreseimiento en favor de sus colegas

La fiscal Lima Bernal adujo que las fiscales, la jueza y el empresario no habían cometido delito alguno.

Ante esa situación, Julio Velasco solicitó la intervención de la Sala Constitucional, cuyos magistrados acordaron avocarse al expediente.

Y es allí cuando los magistrados identificaron a los autores de dicho fraude, entre ellos la fiscal Miriam Lima Bernal, quien no advirtió

“la existencia de la figura del fraude procesal en las causas bajo su facultad de instrucción como titular del ejercicio de la acción penal”.

Se espera nuevos pronunciamientos del TSJ sobre este caso, que mancha la voluntad del Estado venezolano por contar con una justicia equilibrada para el bien de la sociedad.

LUIS BLANCO / CIUDAD CCS