Ley del Régimen Especial de Arrendamiento evitará choques entre partes

El instrumento legal fue sancionado este viernes en sesión de la Asamblea Nacional

01/08/26.- La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda es una normativa orientada a evitar cualquier controversia entre el arrendatario y el arrendador; además, este instrumento legal busca garantizar que ambas partes cuenten con seguridades jurídicas. Así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional (AN), América Pérez, tras la sanción del instrumento legal este viernes, por parte del Poder Legislativo.

En ese contexto, Pérez precisó que este marco legal surge con el objetivo prioritario de responder a las necesidades habitacionales de las familias que quedaron en condición de vulnerabilidad tras los eventos sísmicos del pasado 24 de junio.

"Esta ley propone un régimen especial que responde a la realidad actual del país. Deposita la máxima confianza en el acuerdo entre las partes para que el contrato sea la norma regidora, estableciendo garantías claras tanto para el arrendatario como para el arrendador en la preservación de su bien", afirmó la parlamentaria.

Enfatizó en que la norma busca acabar con las trabas excesivas y las exigencias económicas desmedidas que han caracterizado al mercado inmobiliario en los últimos años, entre los que mencionó la simplificación del proceso de arrendamiento para evitar la sobreexigencia de requisitos y las altas sumas de dinero para acceder a una vivienda, ya que resultan inaccesibles para la mayoría de las personas.

Asimismo, indicó que la ley establece, entre otras cosas, un límite máximo de hasta tres meses de depósito sobre el canon pactado. Este fondo cubrirá eventuales daños al inmueble o impagos de mensualidades y servicios.

En cuanto a la resolución de controversias Pérez indicó que la ley otorga prioridad a las vías de concertación y justicia de paz antes de la instancia judicial.

Precisó que en el artículo 26 promueve el uso de centros de arbitraje privados, instituciones públicas y la incorporación activa de los jueces de paz como mediadores a fin de permitir que arrendadores y arrendatarios puedan resolver cualquier diferencia mediante el diálogo y el mutuo acuerdo.

REINALDO J. LINARES ACOSTA / CIUDAD CCS