14/05/26.- El gobierno de España ha anunciado que a partir del 12 de junio dejará de conceder o renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, esta medida excepcional que permitía a los ciudadanos venezolanos obtener la documentación legal.

Esta decisión, reportada por el diario El País, pone fin a una política vigente desde el año 2019 que ha servido como aval legal para cerca de 240 mil personas. Esta medida forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor a partir de la segunda semana del mes de junio en toda la Unión Europea (UE).

La Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior español estableció “un mecanismo de transición” para aquellas personas que tienen concedida esta autorización hacia otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería.

El elevado número de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado hizo que entrase en vigor esta ley que ha permitido regularizar la situación de 240.000 migrantes venezolanos en España. Según datos de Interior, el año pasado España concedió 57.334 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, en su mayoría a ciudadanos de Venezuela.

Sin embargo, con el ingreso del paquete normativo europeo en materia de asilo, el gobierno dejará de otorgar estos permisos porque “induce a confusión” que la autoridad responsable de conceder la protección internacional pueda dar autorizaciones de residencia por motivos distintos tras dictar una resolución desfavorable, explica el documento de Interior.

A partir de junio los ciudadanos venezolanos que no se les otorgue el estatus de asilo deberán optar por las vías ordinarias de arraigo. Estos procedimientos son notablemente más complicados y exigen requisitos estrictos, como demostrar una permanencia mínima de dos años en el país.

Esta nueva medida representa un reto significativo para la comunidad venezolana que reside en España, esta se enfrenta a una incertidumbre administrativa. Esta transición obligará a miles de personas a cumplir con procesos de regularización más prolongados y burocráticos para mantener su estatus legal en España.

CIUDAD CCS