Inglaterra usó la Coerción y poder militar para hacerse del Esequibo
Imperio Británico manejó su poder con alianzas estratégicas para la colonización y robo
11/05/26.- La Procuradora General de la República, Arianny Viviana Seijo Noguera, rechazó los alegatos de Guyana al afirmar que Venezuela se encontraba en condiciones de impugnar el laudo arbitral de 1899 sin contar con las pruebas necesarias para demostrar su invalidez. Asimismo, señaló que Georgetown desconoce las circunstancias históricas de la época y las marcadas asimetrías militares entre Venezuela y el Imperio británico.
En este sentido, Noguera explicó que “Guyana pretende negar la evidente desigualdad de poder entre el Reino Unido y Venezuela; un país devastado por la guerra, no estaba en condiciones de enfrentarse a la mayor potencia militar y naval de la época”. La procuradora hizo estas declaraciones durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco de la controversia territorial sobre el Esequibo.
Igualmente, subrayó que la defensa de Guyana desconoce los derechos históricos de Venezuela, al tiempo que sostuvo que “la pretensión de Guyana es contraria a la justicia y a la buena fe, y carece de fundamento. Venezuela ha demostrado de manera clara, mediante pruebas fidedignas, que el laudo es nulo e írrito”.
No obstante, destacó que el Gobierno venezolano ha recopilado y presentado numerosos documentos históricos que respaldan la legitimidad de su reclamación, pese a los obstáculos impuestos por el Reino Unido para limitar el acceso a las fuentes originales.
Asimismo, la procuradora general condenó las acciones del gobierno británico orientadas a la selección y destrucción de archivos durante el proceso de descolonización del Esequibo, hechos que se evidencian en documentos identificados con las referencias FCO-14119928 y FCO-63476.
Finalmente, Seijo Noguera agradeció la labor del equipo legal venezolano en esta instancia judicial y reiteró la disposición de su país de resolver la controversia territorial con Guyana conforme al único marco jurídico válido: el Acuerdo de Ginebra.
CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS
