La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que busca superar años de confrontación política y promover la paz social en el país. Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para esta ley, explicó que el proyecto pretende dar un paso decisivo hacia la reconciliación, incluyendo a todos los sectores sociales y políticos sin excepción.

Durante un encuentro con organizaciones no gubernamentales, Arreaza destacó que se están activando debates en todos los niveles de gobierno, desde consejos legislativos estadales hasta parlamentos comunales, para recoger propuestas en tiempo récord. "El Estado venezolano está en la búsqueda de beneficiar a todos los factores de la vida política y social", afirmó, reforzando que la ley excluye delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, tráfico de drogas y corrupción.

Voces de apoyo: justicia y reconciliación para todos

En las calles de Caracas, ciudadanos expresaron su opinión sobre esta ley que abarca hechos ocurridos entre 1999 y enero de 2026.

Luis Coa, de 78 años y residente en San José, manifestó su apoyo rotundo:

“Es una ley política con la cual estoy de acuerdo y apoyo totalmente. Permite hacer justicia con venezolanos que, por su propia culpa, están detenidos. La amnistía significa perdonar errores para fortalecer la democracia participativa y protagonismo de todos.”

Luciano Cárdenas, ecuatoriano con 41 años viviendo en Venezuela, también mostró optimismo aunque con reservas:

“Es importante, pero el perdón no debe ser traición. Quienes reciban este beneficio deben pensar primero en Venezuela y no en intereses extranjeros. Si cada quien pone un granito de arena, se pueden superar las heridas.”

José Gregorio González, otro entrevistado, añadió:

“La amnistía es un proceso de liberación de peso político. Beneficia a las familias y ayuda a la democracia. La necesidad es buena, venga de donde venga.”

Críticas y desconfianza: la ley como “parapeto”

Contrario a estas opiniones, muchas otras personas que fueron consultadas, desconocían el contenido de la ley de amnistía, otras se mostraron excépticas y dudosas a dar su opinión, por temor a tener algún tipo de "represalias". 

Sin embargo un ciudadano que prefirió no revelar su identidad por razones de seguridad, expresó rechazo y desconfianza hacia la ley y el proceso político que la impulsa. Con tono crítico denunció:

“Esta amnistía es un parapeto. Es un juego para salvarse ellos mismos, no para la gente que sufre. Primero deberían derogar leyes como la Ley contra el Odio, que ellos mismos impusieron.”

Agregó que el gobierno actual carece de legitimidad y cuestionó la validez de sus autoridades:

“El presidente no ganó las elecciones legítimas, y por eso todo está ilegítimo. Esto es un juego de poder que no representa a la gente.”

Este testimonio refleja la incertidumbre y el escepticismo de un sector de la población que no cree en las intenciones del gobierno ni en la efectividad de la ley para reparar las heridas sociales.

Un marco legal para la paz y la justicia

El Proyecto de Ley de Amnistía busca conceder amnistía general a personas procesadas por delitos políticos o conexos cometidos en el contexto de violencia política desde 1999 hasta enero de 2026. Su finalidad es promover la convivencia democrática, el pluralismo político y la reconciliación nacional, sin fomentar la venganza ni la revancha.

El texto legal establece salvaguardas claras para excluir delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, respetando los compromisos constitucionales e internacionales de Venezuela.

Además, regula procedimientos para extinguir acciones penales y eliminar antecedentes relacionados con los beneficiarios, buscando garantizar la efectividad de la amnistía.

Perspectivas y desafíos para Venezuela

Mientras el Estado venezolano impulsa esta ley como un instrumento para cerrar ciclos de confrontación y avanzar hacia la paz social, la diversidad de opiniones ciudadanas evidencia que la reconciliación nacional aún enfrenta retos significativos.

El diálogo abierto y la inclusión de todas las voces serán clave para que esta ley no solo sea un texto legal, sino una verdadera herramienta de convivencia y justicia social en Venezuela.

ISAÍAS OVALLES / FOTOGRAFÍAS: BERNARDO SUÁREZ / CIUDAD CCS