07/02/26.- ​En un intento por salvaguardar su participación en los comicios legislativos en Colombia del próximo 8 de marzo de 2026, figuras clave del Pacto Histórico, entre ellas la aspirante al Senado Sandra Chindoy y la exministra Carolina Corcho, acudieron a los tribunales colombianos.

La coalición, que busca darle continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro en los próximos comicios presidenciales de mayo, presentó una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando que la anulación de sus listas vulnera las garantías democráticas de aproximadamente tres millones de votantes y es una violación a los derechos políticos

​La controversia surge a raíz de una resolución del CNE que dejó sin efecto la inscripción de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, según información de Telesur.

El ente rector argumenta que la alianza con el partido Colombia Humana sobrepasó el umbral del 15 % de los sufragios válidos obtenidos en 2022, límite legal que, según la autoridad, inhabilita el uso de la figura de coalición en este caso.

​Sin embargo, las demandantes sostienen que este fallo no solo afecta al Valle, sino que pone en riesgo la representación en Cundinamarca y amenaza la estabilidad de otras 14 listas a la Cámara a escala nacional.

​El documento legal expone que la revocatoria es una medida que debilita la oferta electoral de la coalición y restringe el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus representantes. Los puntos principales de la tutela incluyen:

• ​Castigo a la fusión partidaria: Argumentan que el CNE viola el principio democrático al sancionar al Pacto Histórico (personería jurídica nueva) por resultados de agrupaciones ya disueltas, contradiciendo el espíritu de la Ley 1475 de 2011, que promueve la unión de partidos.
• ​Falta de identidad subjetiva: Las firmantes subrayan que el Pacto Histórico no existía formalmente como partido en las elecciones de 2022, por lo que adjudicarle efectos electorales previos desconoce su autonomía y personería.
• ​Afectación masiva: Se destaca el impacto sobre los derechos políticos de candidatos y militantes que representaron más de 400,000 votos en la contienda pasada.

​Dada la proximidad del 8 de febrero de 2026 —fecha límite para realizar ajustes en las inscripciones—, el recurso solicita a la justicia la implementación de medidas cautelares urgentes.

El objetivo es suspender los efectos de la resolución del CNE para permitir que la colectividad registre sus listas bajo las condiciones inicialmente previstas.

​"Estamos solicitando la intervención de los jueces de la República para evitar que, mediante estas modificaciones forzadas, se consume un daño irreversible a nuestras candidaturas", puntualizó Carolina Corcho sobre la necesidad de frenar el acto administrativo antes del vencimiento de los términos legales.

CIUDAD CCS