24/12/25.- Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunció que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela constituye una violación grave del derecho internacional y podría ser calificado como un acto de agresión armado ilegal.

En diciembre, el Gobierno estadounidense anunció el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, desplegando además una fuerza militar significativa en el mar Caribe, cerca del territorio venezolano. 

Según los expertos, “no existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”.

Los especialistas recordaron que un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro Estado, en contravención del artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. 

“Se trata de un uso tan grave de la fuerza que está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, afirmaron.

Asimismo, señalaron que este tipo de acciones podrían activar el derecho a la legítima defensa por parte del Estado afectado, conforme al artículo 51 de la misma Carta. 

“El uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos fundamentales en Venezuela y en toda la región”, advirtieron.

Los expertos también expresaron su preocupación por la legalidad, proporcionalidad y carácter punitivo de las sanciones impuestas, las cuales —según indicaron— han tenido un impacto severo sobre los derechos humanos del pueblo venezolano y han socavado los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El bloqueo se produce tras la reciente designación por parte de Estados Unidos de altos funcionarios del Gobierno venezolano, incluido su Presidente, como miembros de una presunta “organización terrorista extranjera” denominada Cartel de los Soles, cuya existencia no ha sido verificada.

Además, se han reportado al menos 28 ataques contra embarcaciones civiles desde septiembre, con un saldo de 104 personas muertas, en el marco de una supuesta ofensiva contra el narcotráfico marítimo.

“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida y deben ser investigados de forma independiente. Los responsables deben rendir cuentas ante la justicia”, subrayaron. También instaron al Congreso de Estados Unidos a intervenir para detener los ataques y levantar el bloqueo.

Finalmente, los expertos hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar medidas diplomáticas, resoluciones en la Asamblea General y otras contramedidas pacíficas que contribuyan a poner fin al bloqueo y a las ejecuciones ilegales. 

“La acción colectiva de los Estados es esencial para salvaguardar el derecho internacional, la soberanía y la paz mundial”, concluyeron.

CIUDAD CCS