14/08/25.- El destino del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete aliados en el juicio por tentativa golpista contra el presidente Lula da Silva, comienza a definirse este jueves, luego del vencimiento del plazo para que las defensas presentaran alegatos finales ante la Corte Suprema.

Bolsonaro tuvo su última oportunidad para impugnar los cargos antes del juicio, que aún no se ha programado. Se espera que el Supremo Tribunal Federal lo celebre en septiembre. También se considera que el juez ponente de la investigación, Alexandre de Moraes, abra el proceso penal una vez que haya recibido todas las defensas.

La fecha será fijada por el presidente de la primera sala, ministro Cristiano Zanin. Los magistrados Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Luiz Fux, también conforman el panel.

El caso involucra delitos como organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, daños agravados y perjuicio al patrimonio histórico.

Otros imputados

Además de Bolsonaro, otros acusados son el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, el diputado federal Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno.

Asimismo, el exministro de Defensa y general Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de Defensa, general Walter Braga Netto, y el exayudante de órdenes del exmandatario, teniente coronel Mauro Cid, quien se declaró culpable y fue el primero en presentar sus alegaciones el 30 de julio.

Cid afirmó haber actuado en connivencia con el entonces comandante del Ejército, el general Mario Antonio Freire Gomes, y negó su participación en la componenda golpista tras las elecciones de 2022.

Antecedentes

Bolsonaro fue el líder del complot golpista, según la Fiscalía General, que lo señala como el artífice central de la confabulación, que presuntamente comenzó en 2021 y culminó con los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023.

Las pruebas recabadas en la indagación incluyen mensajes, reuniones y órdenes de movilizar a las Fuerzas Armadas contra los resultados electorales.

De ser condenados, el arresto de los acusados no será automático y solo podrá ocurrir después que se resuelvan las apelaciones. Los inquiridos podrían enfrentar penas de más de 30 años de cárcel. Los oficiales del Ejército y la Marina, así como los de la Policía Federal, tienen derecho a “detención especial”, refieren medios internacionales.

CIUDAD CCS