30/06/25.- La administración del presidente Javier Milei ha llevado a cabo un recorte drástico de 10 por ciento en el presupuesto de salud pública este 2025, profundizando un plan de austeridad que ha tenido consecuencias severas en los hospitales públicos y en la población más vulnerable en Argentina.

Este ajuste refleja una política de reducción del gasto que afecta directamente la infraestructura y los servicios de salud en todo el país, generando preocupación entre los profesionales y los pacientes.

Según el monitor de gasto primario de la consultora Analytica, la inversión en el Ministerio de Salud registró una caída de 9.8 por ciento en los primeros cinco meses del año en comparación con igual período de 2024. Aunque en mayo se observó un incremento puntual de 53.1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, la tendencia general indica una significativa retracción en la inversión, que continúa por debajo de los niveles pre-pandemia, afectando la recuperación del sector.

El informe también revela que las transferencias y el gasto en personal son los rubros más afectados por los recortes, disminuyendo en 6.3 y 3.6 puntos porcentuales respectivamente.

Como resultado los organismos descentralizados dependientes del ministerio, como hospitales y centros especializados, experimentaron una caída real de 7.9 por ciento en sus recursos durante los primeros cinco meses del año, con casos extremos como el Instituto Nacional del Cáncer, que sufrió una reducción de 56.5 % en su presupuesto interanual.

Los recortes y reestructuraciones han llevado a la disminución de transferencias en hospitales de referencia, como el Garrahan y el Posadas, que vieron reducidos sus recursos en más del 6-7 %. Esto generó movilizaciones de trabajadores del sector que protestaron exigiendo cambios, además de presentar una denuncia contra el gobierno por incumplimiento de deberes públicos, ante los daños ocasionados por estas políticas.

Finalmente, el impacto de las políticas de austeridad se refleja en el cierre de programas esenciales y en la precarización del acceso a tratamientos. La suspensión de la agencia Dadse (Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales), que proveía medicamentos para pacientes con cáncer y enfermedades raras, dejó sin medicamentos a miles y contribuyó a la muerte de al menos 60 pacientes en el último año.

Además la desmantelación del Instituto Nacional del Cáncer, la reducción del personal y presupuesto de la Dirección Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y la congelación de fondos para campañas de vacunación ha agravado la crisis sanitaria, evidenciando un deterioro en la atención médica y en la protección social en Argentina.

CIUDAD CCS