24/06/25.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró el estado de urgencia y suspendió las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, tras protestas encabezadas por trabajadores quienes bloquearon carreteras durante dos meses para repudiar una controvertida reforma del sistema de seguridad social.

La medida firmada por el presidente Mulino se aplica como respuesta a movilizaciones contra la Ley 462 que reforma el sistema de pensiones, entre el 20 y 25 de junio en la provincia de Bocas del Toro.

El decreto presidencial suspende garantías constitucionales como el libre tránsito, el derecho a reunión, el habeas corpus y la inviolabilidad del hogar.

Además, habilita a la Policía para realizar operativos sin orden judicial, monitorear dispositivos personales y restringir la expresión religiosa y política, según los artículos citados en el documento.

También se limitó el acceso a Internet y redes de telefonía en zonas estratégicas para restringir la difusión de lo que sucede en el terreno.

Desde el pasado 28 de abril los manifestantes bloquearon más de cuarenta carreteras en Bocas del Toro, colocando troncos y objetos pesados para evitar el paso de los agentes, lo que provocó desabastecimiento y pérdidas millonarias.

De acuerdo a medios locales, el Gobierno impulsó cambios aprobados el pasado mes de marzo por el Congreso del país debido a que el déficit en el sistema de pensiones supera los 650 millones de dólares, lo cual desató la inconformidad de distintos sectores, entre ellos diversos sindicatos, incluidos docentes, obreros y trabajadores de la construcción.

Los trabajadores de Bocas del Toro realizaron protestas en contra de las condiciones laborales abusivas impuestas por la empresa estadounidense bananera Chiquita Brands International, anteriormente se conocía como United Fruit Company. 

CIUDAD CCS