22/06/25.- No es poca cosa. Hoy, 24 de junio de 2025, un grupo de más de 200 venezolanos cumple 100 días secuestrados en una cárcel de máxima seguridad ubicada en El Salvador.

Sus familiares, agrupados en un Comité de Defensa de Migrantes Venezolanos Secuestrados en El Salvador, viajaron la semana pasada hasta la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicada en Ginebra, Suiza, y entregaron, ante la Misión Permanente de El Salvador, una carta en la que exigen “la liberación inmediata de los detenidos, el respeto al debido proceso y el acceso a información sobre el paradero y estado de salud” de los 252 migrantes venezolanos secuestrados en esa nación centroamericana.

Antes estuvieron en El Salvador donde se les negó la visita de verificación del estado de salud de sus familiares.

Una carta con peticiones similares fue entregada en la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), denunciando la separación de familias y la detención de mujeres y niños venezolanos en Estados Unidos.

Una de las integrantes de la comitiva, Jetzy Arteaga, declaró: “Hoy vivimos una incertidumbre devastadora y es por ello que acudimos aquí, para luchar por nuestras familias”.

Pero de la ONU no han obtenido más que silencios. 

El inicio

Este grupo de venezolanos fue acusado, sin cargo, ni juicio, de pertenecer a una banda criminal extinta. Todos tenían la condición de migrantes, todos estaban en territorio de Estados Unidos, todos fueron señalados por “portación de rostro”.

El gobierno de Donald Trump, no solo los criminalizó sino que decidió expulsarlos del país, pero antes que enviarlos a Venezuela, los remitió al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), fabricado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Venezuela reclamó y condenó esta medida desde el día uno.

Voces

El presidente Nicolás Maduro expresó la indignación nacional en los siguientes términos: "¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde los enjuiciaron, dónde? No hay pruebas (...) ¿Qué juez ordenó la deportación, qué juez ordenó, de acuerdo a la ley de Estados Unidos y al derecho internacional, qué juez ordenó que este grupo de muchachos secuestrados, migrantes, trabajadores, fueran depositados en una cárcel, un campo de concentración?". 

Casi al mismo tiempo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió una comunicación a la justicia salvadoreña exigiendo un habeas corpus.

Lo que está ocurriendo en contra de las personas secuestradas y llevadas a El Salvador, calificó el fiscal, “es un crimen de lesa humanidad”. Y agregó que esta medida se constituye en “una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto, lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles”.

Respecto de dicha solicitud de habeas corpus, el fiscal general rechazó este lunes 23 que la Corte Suprema salvadoreña declarara “improcedente nuestra intervención, alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados”.

Por su parte, el presidente Maduro opinó que la Corte Suprema de El Salvador, con esta respuesta, ha ratificado que tiene secuestrados, escondidos, sin derecho a la defensa y sin ningún delito comprobado a 252 venezolanos.

También el Parlamento venezolano reclamó el encarcelamiento. Jorge Rodríguez, presidente de la Asambleas Nacional (AN), denunció que ese secuestro tiene “un fin eminentemente económico, igual que esos bárbaros europeos, ingleses y portugueses que llevaban habitantes del continente africano al continente americano con el fin de venderlos; esa es la única motivación que tiene allí Bukele”.

No obstante declaró que Venezuela recurrirá “a las estrategias legales, jurídicas, para que venezolanos sean devueltos a su patria, sean devueltos a sus casas, sean devueltos a sus hogares con el absoluto resguardo y respeto de sus derechos humanos”.

Paquete

Varios analistas sostienen que Estados Unidos lanzó este asunto a El Salvador, país que ahora debe lidiar con el escándalo internacional que significa el secuestro.

Dentro de Estados Unidos, la justicia federal se enfrenta al gobierno de Donald Trump. Mientras que el presidente acusa a los estados: California, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont y Washington, de convertirse en “santuario” para los migrantes, debido a que limitaron o negaron su colaboración a las redadas y operativos de captura de migrantes ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés).

Además, el presidente estadounidense publicó una lista para exponer y presionar a los estados que no le siguen el juego.

Al respecto, una coalición de funcionarios de varios estados de ese país y una organización sin fines de lucro llamada Public Rights Project, emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que la lista de Trump es una táctica para intimidar a los gobiernos locales y obligarlos a cooperar con el ICE. 

“Las políticas de santuario son legales y nos hacen a todos más seguros”, dice el comunicado.

Recientemente y a propósito del Día Internacional de la Familia, el jefe de Estado venezolano dijo a una multitud reunida en el Palacio de Miraflores: “con el favor de Dios, más temprano que tarde, rescataremos a todos los venezolanos secuestrados en El Salvador y reunificaremos a todas las familias”.

Ese es un clamor nacional.

ERNESTO J. NAVARRO / CIUDAD CCS