29/05/25.- El pasado 30 de abril los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por las deportaciones, aparentemente ilegales, de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños, presuntamente vinculados con pandillas, desde Estados Unidos a El Salvador, señalando que muchas de estas deportaciones se realizaron en violación del debido proceso y del derecho internacional, utilizando posiblemente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de manera inapropiada. Además, advirtieron que las decisiones sumarias no permitieron evaluar adecuadamente el riesgo de violaciones de derechos humanos en El Salvador ni consideraron el impacto en la familia, el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres.

En este contexto, es importante recordar que el deber internacional de non-refoulement prohíbe deportar a cualquier persona a un lugar en donde exista un riesgo sustancial de privación arbitraria de vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otros daños irreparables.

En consecuencia, los expertos expresaron su profunda preocupación por las condiciones inhumanas en las cárceles de El Salvador, donde hay denuncias de muertes, torturas, violencia, desapariciones forzadas y hacinamiento, sin acceso a necesidades básicas ni atención médica adecuada.

"Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para permitir el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados", señalaron los peritos.

Asimismo, los especialistas manifestaron preocupación por la falta de claridad jurídica y recursos efectivos en la detención de deportados en el país centroamericano, exigiendo la garantía inmediata de sus derechos básicos.

"La falta de un estatus legal claro en El Salvador podría exponer aún más a los deportados a detenciones indefinidas y arbitrarias en esa nación, y poner a algunos detenidos venezolanos en riesgo de non-refoulement a Venezuela, donde podrían estar expuestos a graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas", indicaron.

Por otra parte, los técnicos denunciaron que las deportaciones y detenciones en régimen de incomunicación en El Salvador y EEUU parecen constituir desapariciones forzadas, vulnerando el derecho internacional, ya que muchos detenidos desconocen su destino, sus familias no son informadas, y las autoridades no publican datos sobre su situación. También señalaron que estas deportaciones, supuestamente basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, no cumplen los criterios legales y podrían ser ilegales, además de que EEUU ha abusado de la clasificación de pandillas como organizaciones terroristas para justificar dichas acciones, lo que pone en riesgo derechos fundamentales y la independencia del poder judicial, y pidieron que cesen estas deportaciones y se respeten las garantías legales internacionales.

Expertos y relatores de las Naciones Unidas expresaron en un pronunciamiento categórico su rechazo a la práctica de los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele de detener, expulsar y encarcelar forzosamente a cientos de venezolanos en terceros países sin justificación legal.

De esta manera, el manifiesto hecho público se convierte en una respuesta a la ONG Fenaddeh (Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela ) tras una comunicación enviada a instancias de la ONU, solicitando medidas cautelares para proteger a 252 venezolanos detenidos en El Salvador y EEUU. Las entidades internacionales confirmaron la necesidad de urgentemente garantizar los derechos de estos inmigrantes, condenando las violaciones y prácticas arbitrarias. Además, se informó que el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, envió cartas a los presidentes de EEUU y de El Salvador con requerimientos específicos, con plazo de respuesta de 60 días, que si no se cumplen, se harán públicas el 16 de junio.

Entre tanto, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, también expresó su profunda preocupación por la deportación desde EEUU de migrantes, especialmente venezolanos y salvadoreños, a países donde enfrentan condiciones de detención y trato inhumano, sin acceso a recursos legales ni información clara sobre su situación. Además, destacó la incertidumbre sobre los destinos y derechos de estos deportados, la falta de transparencia por parte de las autoridades y la necesidad urgente de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos en estos procedimientos.

Es preciso añadir que Fenaddeh, al concluir una importante entrevista en las oficinas del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) con representantes del alto comisionado para los DDHH de la ONU, se comprometió a apoyar los esfuerzos para documentar y entrevistar a víctimas venezolanas en la cárcel del Cecot en El Salvador, con una nueva reunión prevista para mediados de junio para evaluar el avance y las peticiones presentadas anteriormente.

FIDEL ANTILLANO / CIUDAD CCS