01/05/25.- Un reciente reportaje de The New York Times ha revelado un acuerdo controversial entre la administración de Estados Unidos y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en relación al secuestro de migrantes venezolanos. Según el informe el gobierno estadounidense acordó inicialmente un pago de cinco millones de dólares para la deportación de migrantes venezolanos que fueran enviados a El Salvador, cifra que podría aumentar hasta 15 millones de dólares.

El artículo titulado “Así se armó el plan de Trump para deportar a venezolanos de EEUU a El Salvador” destaca que asesores de Donald Trump vieron en Bukele un aliado dispuesto a colaborar en un plan de deportaciones. Este acuerdo incluía la propuesta de Bukele de recibir hasta 300 presuntos miembros del Tren de Aragua a cambio de apoyo financiero para el sistema penitenciario de El Salvador. A pesar de que muchos de estos deportados no contaban con antecedentes penales, fueron arbitrariamente clasificados como criminales para evitar críticas.

Los detalles del acuerdo se obtuvieron mediante documentos y entrevistas con 22 individuos involucrados, quienes pidieron mantener el anonimato. El reportaje también detalla cómo la administración Trump había trabajado meses en una estrategia para deportar a migrantes hacia Latinoamérica, aprovechando una ley del siglo XVIII y calificándolos como ciudadanos de un país en guerra con Estados Unidos.

El 14 de marzo la administración de Trump envió notas diplomáticas a El Salvador especificando que hasta 300 supuestos integrantes del Tren de Aragua serían aceptados, lo que desencadenó las declaraciones de Trump sobre las deportaciones inminentes de migrantes venezolanos. A pesar de que las agencias de inteligencia de EEUU determinaron que el Tren de Aragua no estaba bajo el control del gobierno venezolano, el plan continuó su curso.

Para identificar a los deportados como miembros de este grupo criminal el Departamento de Seguridad Nacional implementó un sistema de puntuación basado en tatuajes y otros criterios, lo que ha suscitado preocupación en torno a la legitimidad de estas clasificaciones.

Mientras tanto los congresistas demócratas han comenzado a investigar el monto total que Estados Unidos paga a El Salvador por mantener en prisión a los deportados. El 17 de marzo se comunicó que el costo podría incrementarse hasta 15 millones de dólares, aunque el Departamento de Estado se ha negado a proporcionar más detalles.

El Salvador ha expresado dudas sobre la clasificación de los deportados, lo cual llevó a ajustes en los criterios de selección. Este proceso ha causado errores como el envío indebido de ocho mujeres a una prisión masculina, que posteriormente fueron devueltas.

Por último la Corte Suprema de EEUU ha dictaminado que los deportados tienen el derecho de impugnar sus expulsiones, marcando un potencial precedente en futuras políticas migratorias. Los familiares y abogados de los venezolanos encarcelados han comenzado a buscar información y recurren a los tribunales como su último recurso, en un contexto de creciente preocupación sobre las condiciones y procesos relacionados con estas deportaciones.

El estudio fue realizado por un equipo de periodistas de The New York Times que investigaron desde varias ciudades, incluyendo Washington, Bogotá y Ciudad de México.

CIUDAD CCS