Organizaciones interponen habeas corpus para proteger 217 territorios

Líderes comunitarios advierten que la propiedad rural e indígena podría verse comprometida

24/06/26.- Más de 217 organizaciones campesinas (incluidos colectivos indígenas, garífunas, feministas y movimientos sociales) se presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para interponer un habeas corpus preventivo.

Las organizaciones sostienen que la normativa aprobada por el Congreso Nacional, pero aún pendiente de sanción y publicación oficial, favorece de manera desproporcionada a los sectores agroindustrial, energético y turístico, en detrimento de las históricas demandas de acceso a la tierra por parte del campesinado y los pueblos originarios.

En este contexto, la acción busca frenar la aplicación de la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía, al considerar que representa una amenaza grave para las comunidades asentadas en territorios en disputa y zonas de alto interés productivo.

Asimismo, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios advierten que la seguridad jurídica sobre la propiedad rural e indígena podría verse seriamente comprometida si la ley entra en vigor. En ese sentido, el defensor Edy Tábora alertó sobre el carácter punitivo de la normativa.

“Esta ley, presentada como un mecanismo de protección para el sector agroindustrial y ampliada al ámbito turístico y energético, no solo congela o anula los derechos de acceso a la tierra de pueblos indígenas y comunidades campesinas, sino que, además, incorpora en sus artículos 5, 6 y 8, disposiciones que abren la puerta a la criminalización, capturas ilegales, judicialización y desalojos masivos en el país”, denunció.

​Por su parte, Miriam Miranda, defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades garífunas, justificó la urgencia del recurso judicial interpuesto ante el máximo tribunal. 

"Hemos venido a solicitar la intervención de la Sala de lo Constitucional para que, como medida de protección preventiva, declare la inaplicabilidad de esta ley respecto de las personas y comunidades amparadas, garantizando así la protección efectiva de la libertad individual y evitando la comisión de actos violatorios de derechos humanos", puntualizó.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS