31/03/26.- La segunda audiencia del “juicio” que enfrentan el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, pasó a un plano diferente.

En el tribunal se ventiló un argumento político cuando el juez de la causa, Alvin Hellerstein precisó: "Estamos haciendo negocios con Venezuela". Una frase que deja en evidencia las contradicciones de la política exterior de Donald Trump, que rubrica sanciones mientras hace negocios y luego debe flexibilizar esas sanciones.

Un análisis del sitio Misión Verdad indica "la frase no quedó aislada". A lo largo del intercambio, el juez insistió en que las condiciones que dieron origen al régimen de sanciones, establecido durante la administración de Barack Obama, ya no son las mismas. "Las cosas han cambiado en Venezuela", afirmó, cuestionando si las restricciones que hoy impiden financiar la defensa siguen teniendo fundamento en el presente.

Así las cosas, el gobierno de Trump impide que el financiamiento de la defensa del presidente Nicolás Maduro, pero sí destraba sanciones para obtener petróleo. Y hasta allí llegó la sesión, sin nada resuelto de manera concreta hasta la fecha.

¿Para qué la dilación?

“Jurídica y judicialmente, el juicio se dilata, puede durar según mi interpretación, no menos dos años”, estima Miguel Jaimes, experto en Geopolítica de la Energía.

Por lo pronto, observa que el Gobierno de Venezuela “aguanta”, a pesar de que “le han perforado su armadura, pero resiste. Está en el juego político, conversa con norteamérica, llega a acuerdos, pero también entrará en un escenario mucho más directo donde se tenga mucho más peso, y poder de decisión”.

Jaimes cree que al tener una mejor posición, Venezuela comenzará “a decidir, de manera directa, lo que debe ser la negociación, el acuerdo, el desarrollo jurídico del juicio contra el presidente Nicolás Maduro, hasta que obtenga su libertad”. 

Por lo pronto, explicó el experto, la pareja presidencial es considerada por la administración Trump como “una pieza, la única, la más importante, con la cual se presiona para obtener de Venezuela, muchísimas ventajas”.

Dijo que venezolanas y venezolanos “a partir de este año, debemos entender que con Estados Unidos hay que mantener una agenda, un camino, un trabajo”, y eso no significa “que sea eterno, pero tampoco significa que estemos amarrados al mismo”. 

La tarea del país, según Jaimes, es “buscar una posición de más fuerza, recuperar terreno frente a los retos que se imponen desde Estados Unidos. Hay todo un escenario de cambios, de toma de decisiones muy profundas para todos nosotros”. No obstante, estima, ”muchas cosas van a depender de la situación que se está viendo en el Medio Oriente. Habrá noticias impactantes, que van a cambiar la memoria de las relaciones internacionales”.

¿Justicia?

Consultada por Ciudad CCS, la analista internacional, María Fernanda Barreto, opinó que la pareja presidencial no enfrenta un proceso justo.

Ese “juicio”, dijo, “no tiene ninguna posibilidad de ser justo. En primer lugar porque ellos parten de una noción imperialista, muy adecuada su Doctrina Monroe, de aplicar extraterritorialmente las leyes que son suyas y que únicamente son válidas dentro de su territorio nacional”.

Barreto desataca que al haber sido secuestrados de su casa, de su país, el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, ha sido víctimas de “un acto de guerra, un acto de agresión y, por lo tanto, son prisioneros de guerra”. 

Para la analista no hay dudas al señalar que “si algo dista de ese sistema judicial (el de EEUU) es precisamente de ser justo”, ya que funciona como “un aparato, de los muchos que garantizan la injusticia dentro de los Estados Unidos. No es justo ni siquiera para el pueblo estadounidense, mucho menos es justo para los prisioneros de guerra”. 

¿Entrampados?

El secuestro de la pareja presidencial, el retiro inmediato de cargos o el conflicto por el financiamiento de la defensa legal, muestran que la administración es presa de su propia trampa.

Oliver Rivas, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Guayana Esequiba, asegura que el reconocimiento de Delcy Rodríguez como interlocutora válida y genuina es, por extensión un reconocimiento a la dignidad presidencial de Nicolás Maduro.

“Los estadounidenses están tratando con Delcy Rodríguez, que por ser vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, está asumiendo como presidenta encargada. Y es presidenta encargada, una autoridad dada por su origen institucional que, repito, es ser vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro Moros, ya por ahí hay una contradicción”, en el Gobierno de Trump.

El diputado Rivas apunta que lo mismo pasa con el proceso legal y el impedimento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al financiamiento de la defensa del presidente Maduro y la diputada Flores.

“Lo que está pidiendo la defensa de Nicolás Maduro, es la posibilidad de contar con esos recursos para garantizar, algo tan elemental en el debido proceso, como es el derecho a la defensa y a una defensa”, argumentó.

Oliver Rivas precisó que el juez que está conociendo la causa ha señalado “esa restricción como algo que vulnera el derecho a la defensa (...) obviamente ese juicio, además de todas las razones de origen, ya está sumamente cuestionado por su legitimidad”.

Venezuela toda, finaliza el parlamentario, apuesta “porque se respeten los derechos y se haga justicia, liberando al presidente legítimo de nuestro país”.

ERNESTO J. NAVARRO / CIUDAD CCS