03/11/25.- Venezuela ha alzado la voz ante la reciente expansión de las operaciones petroleras de Guyana en el Bloque Stabroek, un área que forma parte del territorio del Estado Esequibo. La aprobación del Plan de Desarrollo del Yacimiento Hammerhead, el séptimo proyecto otorgado a ExxonMobil, fue denunciada por el Gobierno venezolano como una clara violación del Derecho Internacional y un desacato al Acuerdo de Argyle, firmado en 2023.

De acuerdo con la multiplataforma Telesur, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció el inicio de la producción en el proyecto Yellowtail, así como la decisión de inversión para el desarrollo de Hammerhead. Estas acciones han intensificado la preocupación en Venezuela, que considera que la alianza entre el Gobierno guyanés y ExxonMobil pone en riesgo la paz y la estabilidad regional. La llegada del buque flotante de producción One Guyana ha sido vista como un acto de provocación, lo que llevó a Venezuela a presentar una nota verbal de protesta contra la República Cooperativa de Guyana el 12 de agosto.

De acuerdo con la investigación del medio multiestatal, Venezuela calificó las operaciones del FPSO One Guyana como ilegales, argumentando que estas actividades en aguas en disputa no solo contravienen acuerdos internacionales, sino que también perpetúan un modelo extractivista que no beneficia a la población local. A pesar de que el consorcio liderado por ExxonMobil ha reportado ganancias exorbitantes, alcanzando 10.400 millones de dólares en 2024, el 43 % de los guyaneses vive en condiciones de pobreza y el desempleo se mantiene en un 14 %.

Además, el grupo de investigación Misión Verdad señaló que el auge petrolero ha estado acompañado por una alarmante flexibilización de las normas ambientales. Entre 2019 y 2023, ExxonMobil quemó ilegalmente 687 millones de metros cúbicos de gas, generando más de 1,3 millones de toneladas de CO_₂, a pesar de que su licencia lo prohibía. Este patrón de impunidad y falta de regulación ambiental ha llevado a un deterioro de las condiciones de vida en la región.

Venezuela, indica Telesur, sostiene que la explotación irresponsable de los recursos naturales en el Esequibo no solo es un atropello a su soberanía, sino que también representa un peligro para el equilibrio ecológico y social de la región. El territorio en cuestión, que abarca más de 159.000 kilómetros cuadrados, es reclamado por Venezuela en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, que reconoce la controversia territorial pendiente de resolución. La defensa de los derechos soberanos sobre el Esequibo es crucial para la estabilidad y el bienestar de los venezolanos, así como para la preservación del medio ambiente en la región.

ISAÍAS OVALLES / CIUDAD CCS