28/10/2025.- El Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó la deportación de al menos 200 migrantes venezolanos, tras una orden emitida por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. 

La medida, ejecutada por el Ministerio de Seguridad Nacional, destina a los indocumentados a un Centro de Detención de Inmigración antes de su expulsión masiva del país. 

La decisión, que responde a una política migratoria más restrictiva, fue finalmente materializada este lunes con el envío de la solicitud oficial firmada por el secretario permanente del ministerio, Videsh Maharaj.

Según el documento, todos los inmigrantes ilegales serán agrupados para su deportación sin supervisión previa por parte de las autoridades, lo que marca un cambio respecto a procedimientos anteriores y ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. 

Persad-Bissessar defiende la medida señalando que la administración anterior "falló en enfrentar la situación migratoria ilegal", vinculando directamente el aumento de la criminalidad a la presencia de migrantes venezolanos en el país. "No hubo ningún intento para que nuestros antecesores separaran a aquellos inmigrantes venezolanos que venían acá con intenciones criminales", afirmó la mandataria.

Situación Venezuela/ Trinidad y Tobago

La deportación se produce tras la agresión del Gobierno de Trinidad y Tobago contra Venezuela, al poner su territorio y apoyar la movilización militar en el Caribe por parte de Estados Unidos que, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, busca un cambio en la nación bolivariana y la decisión del Gobierno venezolano, tomada este lunes, de suspender el tratado de cooperación energético bilateral.

El conflicto se intensificó tras la llegada de un destructor de la Armada de Estados Unidos al puerto trinitense, autorizado por el Ejecutivo local para realizar ejercicios militares en el Caribe. 

Esta acción fue rechazada categóricamente por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó a Persad-Bissessar de convertir la isla en un "portaaviones" estadounidense y, en respuesta, ordenó la suspensión inmediata de los acuerdos de cooperación en materia de gas entre ambos países, alegando un riesgo a la seguridad regional.

La ruptura de estos acuerdos energéticos marca un nuevo capítulo en la relación bilateral. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció la semana pasada que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, está engañando al gobierno de Trinidad y Tobago y que si este país quiere el gas venezolano debe pagarlo.

Mientras tanto, organizaciones humanitarias han alertado sobre el riesgo que enfrentan los migrantes venezolanos afectados por la deportación, quienes podrían quedar en situación de vulnerabilidad extrema al regresar a su país de origen.

La comunidad internacional observa con atención la evolución de esta crisis, que evidencia la creciente complejidad de los flujos migratorios en el Caribe y la influencia de factores geopolíticos en la toma de decisiones de los gobiernos de la región.

ISAÍAS OVALLES / CIUDAD CCS