16/09/25.- Veinticinco senadores estadounidenses, encabezados por Tim Kaine (D-VA), enviaron este martes una carta al presidente Donald Trump exigiendo respuestas urgentes sobre el ataque militar del 2 de septiembre contra una embarcación en el mar Caribe, que habría causado la muerte de 11 personas.

La misiva plantea serias dudas sobre la legalidad de la acción y advierte sobre el precedente que podría establecer en el uso de la fuerza en América Latina.

La carta, firmada por legisladores demócratas e independientes como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Adam Schiff y Cory Booker, denuncia que la administración no ha presentado pruebas que sustenten la afirmación de que los ocupantes del buque representaban una amenaza para Estados Unidos. Tampoco ha ofrecido una base legal clara para justificar el ataque ni para las futuras acciones militares que ha anunciado públicamente.

Los senadores advierten que el Congreso no ha declarado la guerra ni autorizado el uso de la fuerza militar para operaciones similares.

Señalan que clasificar una misión claramente policial como contraterrorismo no confiere autoridad legal para atacar y matar a civiles. En ese sentido, exigen transparencia sobre la directiva clasificada que habría autorizado el uso de la fuerza militar en toda América Latina.

La misiva solicita explicaciones detalladas sobre la base legal del ataque, incluyendo copias de las evaluaciones jurídicas realizadas por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.

También exige información sobre la identidad de las personas objetivo, su presunta afiliación con el grupo "Tren de Aragua", y la naturaleza de la amenaza que representaban.

Los senadores cuestionan por qué no se intentaron medidas de interdicción o arresto antes de recurrir a la fuerza letal, y piden aclaraciones sobre las contradicciones en los informes oficiales respecto al destino del buque.

Además, solicitan evaluaciones sobre el impacto del ataque en la obtención de inteligencia, el riesgo legal para el personal militar estadounidense y las posibles represalias por parte de organizaciones criminales latinoamericanas.

La carta subraya que el Congreso debe ejercer su rol constitucional de supervisión en materia de guerra y seguridad nacional, y exige que las respuestas sean entregadas antes del cierre de la jornada laboral del miércoles 17 de septiembre.

El ataque del 2 de septiembre se enmarca en una nueva doctrina de seguridad nacional impulsada por la Administración Trump, que ha designado a varios grupos latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos figura el llamado"Tren de Aragua" y el supuesto "Cártel de los Soles", este último vinculado por Washington al gobierno venezolano.

La carta advierte que esta política podría derivar en acciones militares directas contra gobiernos extranjeros, lo que plantea serias implicaciones para la legalidad internacional y la estabilidad regional.

Urgen al Congreso a frenar "abuso de poder" de Trump

Entretanto, el senador demócrata, Jack Reed, urgió al Congreso a intervenir para frenar el "abuso de poder" del presidente Donald Trump, tras los recientes ataques confirmados contra embarcaciones venezolanas en el Caribe.

​A través de su cuenta en la red social X, Reed advirtió que estas acciones ejecutivas son ilegales y amenazan con arrastrar a EEUU a un conflicto no declarado.

​“El Congreso debe exigir responsabilidades al presidente Trump y detener este imprudente abuso de poder antes de que sea demasiado tarde”, declaró el senador y enfatizó que el poder de iniciar una guerra recae exclusivamente en el cuerpo Legislativo y no en el Ejecutivo.

“El poder de declarar la guerra le corresponde al Congreso, no al presidente. Estos atroces asesinatos son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Venezuela”, denunció.

​El presidente Trump confirmó este lunes el ataque a dos buques venezolanos—el primero el 3 de septiembre y el segundo este lunes 15—en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado bajo la tesis de combate al narcotráfico.

​Por su parte, el Gobierno venezolano ha denunciado que estas acciones representan una amenaza directa a su soberanía nacional y una violación al derecho internacional, asegurando que el objetivo final es buscar una justificación para una invasión territorial.

CIUDAD CCS