Corte Suprema EEUU aprueba revocar el parole humanitario a migrantes
El fallo afecta a más de medio millón de ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua

02/06/25.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole humanitario, el cual les permitió a unas 532.000 personas ingresar legalmente a EEUU durante el gobierno de Joe Biden.
A inicios del pasado mes de mayo, la Administración Trump llevó al Supremo su lucha contra los inmigrantes, cuando presentó una petición de emergencia en el máximo tribunal para que este le permitiera despojar de las protecciones contra la deportación a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que se encuentran en Estados Unidos.
Cabe destacar que este fallo suspende una orden previa de la jueza federal Indira Talwani, quien frenó la decisión del Ejecutivo de poner fin a este programa, conforme lo establecía el decreto emitido por Trump a finales de marzo.
El fallo se produce después de que la Corte Suprema, a principios de este mes, permitiera a los funcionarios de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa independiente, para unos 350.000 inmigrantes venezolanos que se encuentran de forma legal, viven y trabajan en Estados Unidos.
Consecuencias del fallo
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron del fallo. Advierten de las "consecuencias devastadoras" de poner en peligro "las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes", según el documento.
"Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva", insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la Ley de Inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
Del mismo modo, las organizaciones de defensa de los migrantes han criticado duramente el fallo del Supremo. Alegan que los migrantes enfrentan "serios riesgos, persecución e incluso la muerte" si son deportados a sus países de origen.
“Es la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas, y forma parte de un intento más amplio del poder ejecutivo de justificar nuevas medidas represivas contra las familias en todo el país. El Gobierno no demostró ningún daño remotamente comparable al que se producirá si medio millón de personas pierden sus empleos y se ven sujetas a la deportación”, dijo Todd Schulte, presidente de la organización de defensa de la reforma de la justicia penal y de inmigración FWD.us, en un comunicado.
No obstante, Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la han criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante. Hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la Administración al servicio de este objetivo.
Aunque temporal, en espera de que una Corte de Apelación se pronuncie sobre el fondo del caso, la medida afecta directamente a cientos de miles de migrantes, y se suma al otro fallo reciente que autoriza la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350.000 venezolanos.
Mientras los litigios continúan en diferentes cortes, el Gobierno aprovecha los fallos favorables para consolidar una agenda de mano dura contra la migración, que amenaza con redefinir el destino de más de un millón de personas en suelo estadounidense.
Y aunque el mandatario insiste en que los permisos otorgados a los migrantes fueron mal usados y deben eliminarse para recuperar el "control de las fronteras" de Estados Unidos, detrás de esta narrativa lo que hay es una estrategia de exclusión y racismo institucional que estigmatiza a las comunidades del Caribe y América Latina.
LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS