24/05/25.- El presidente interino de la Colectividad Territorial de la Guayana Francesa, Jean-Paul Fereira, manifestó su rechazo ante el anuncio del Gobierno de Francia sobre la construcción de una prisión de alta seguridad en Saint-Laurent-du-Maroni para alojar a 500 internos. Fereira expresó su “asombro e indignación” por la falta de consulta previa a las autoridades locales en un proyecto que, según él, afecta directamente a la región. Otros líderes locales, como el diputado Jean-Victor Castor, calificaron el plan como una “regresión colonial” y un insulto a su historia, destacando la falta de participación comunitaria en decisiones tan relevantes.

El proyecto, valorado en 400 millones de euros, comenzará próximamente, aunque aún no tiene una fecha establecida, y se espera que esté operativo en 2028. La estrategia de Francia apunta a hacer frente al narcotráfico en una región ubicada en una zona clave de rutas sudamericanas hacia Europa, pero ha generado fuertes críticas por su posible impacto social y medioambiental.

La iniciativa busca responder a la problemática del crimen organizado, que se ha intensificado en la región en los últimos años.

Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, defendió la construcción de la prisión como un acto de soberanía y una medida contra el crimen organizado, especialmente para 60 narcotraficantes de alto riesgo y 15 presos islamistas peligrosos.

También resaltó que la prisión tendrá un régimen estricto, vigilancia avanzada y aislamiento total para los reclusos más peligrosos, con la finalidad de neutralizar a los líderes de las redes criminales. La obra busca, en su visión, fortalecer la lucha contra el crimen desde su origen en Sudamérica hasta su impacto en Europa.

Las cíticas locales comparan el proyecto con la controvertida megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador, cuestionando el impacto social y humanitario que tendrá en una región remota y de difícil acceso, ubicada a unos 300 kilómetros de Cayena. Diversos sectores expresan su preocupación por el enfoque en albergar delincuentes de alto perfil en un espacio que, según ellos, podría profundizar los problemas sociales y de desigualdad en la zona. La construcción, por tanto, genera un debate sobre la justicia y las políticas de control en territorios con historias complejas y de poca participación comunitaria.

CIUDAD CCS