Justicia ordena restituir fondos a universidades en Argentina

Fuerte revés para el Gobierno de Milei que vetó la Ley de Financiamiento Universitario

06/10/26.- La justicia federal de Argentina declaró este martes 6 de octubre inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplirla de inmediato. La decisión no anula la totalidad del decreto, sino el apartado utilizado para condicionar la aplicación de la norma a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

En ese contexto, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, así como a la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acumulada en el mismo proceso. En su sentencia, dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para implementar la Ley 27.795.

El conflicto se originó después de que el Congreso ratificara la ley tras rechazar el veto presidencial. El Ejecutivo promulgó la normativa mediante el decreto 759/2025, pero condicionó su ejecución a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto nacional, informó TeleSur.

Cormick consideró que esa condición constituía un “mecanismo extraconstitucional”, equivalente a una nueva instancia de veto no prevista en la Constitución. También señaló que el artículo 9 de la propia ley ofrece herramientas para reasignar partidas y financiar su cumplimiento, por lo que rechazó el argumento utilizado por el Gobierno para mantener suspendida su aplicación.

La normativa contempla mecanismos de actualización presupuestaria y recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, además de recursos para el funcionamiento de las universidades y las becas estudiantiles. El fallo exige avanzar en su ejecución, aunque la orden judicial no equivale, por sí sola, a que los fondos ya hayan sido transferidos.

La sentencia es de primera instancia y se suma a una medida cautelar dictada en diciembre de 2025, que ya había ordenado cumplir los artículos de la ley relacionados con salarios y becas. Esta nueva resolución aborda el fondo del reclamo y declara inconstitucional la cláusula que mantenía suspendida la ejecución de la normativa

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS