OJOOO¿Qué se espera para el país con la reforma parcial de la Ley TSJ?
Con la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales se busca mayor transparencia
El nuevo acuerdo político se plantea una mejora profunda en el Sistema de Justicia. Fotografía: Prensa AN.
02/09/26.- Este martes los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) que implicó una ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), el cual ejercerá por un periodo de dos años y estará integrado por diferentes sectores de la sociedad, destacando que paso de 21 a 23 integrantes, fijando 11 diputados del Parlamento y elevando de 10 a 12 los representantes de la sociedad civil, para reactivar el proceso de renovación de magistrados.
Entretanto el número de magistrados pasó de 20 a 32, fortaleciendo con esto la jerarquía organizativa sobre los órganos auxiliares como la Inspectoría General de Tribunales (IGT) y la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).
Una vez publicada la reforma en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, parlamento nombrará el CPJ conforme a lo establecido en el artículo 65 de la LOTSJ.
El proceso de reforma legal y renovación del máximo tribunal en Venezuela busca la reinstitucionalización del país y la reestructuración del Sistema de Justicia, derivado de acuerdos en mesas de diálogo político con los representantes de la AN del 2015, que atiende las exigencias de seguridad jurídica y el equilibrio de poderes reclamados por algunos sectores opositores nacionales
En este sentido el Poder Judicial ha experimentado transformaciones radicales desde la llegada de la Constitución de 1999 hasta las reformas legales aprobadas en 2026.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, durante su derecho de palabra el viernes 28 de agosto en sesión extraordinaria, presentó la propuesta de dicha reforma en primera discusión sustentada específicamente en ampliar CPJ, basándose en los artículos 264, 270 y 274 de la Constitución de Venezuela sobre la participación ciudadana y el proceso de designación de magistrados.
Este articulado establece que los diputados deben garantizar la transparencia del proceso para designar un nuevo TSJ, respaldando la propuesta de la presidenta Delcy Rodríguez, a finales de enero de 2026 (durante la apertura del año judicial), seguido de anuncios específicos de reforma y consulta nacional en abril y mayo de 2026, culminando en la aprobación de la reforma parcial de la normativa del máximo tribunal por el parlamento a finales de agosto y el 1 de septiembre de 2026, para reformar y erradicar la corrupción en el Sistema de Justicia.
“Como resultado de ese diálogo hubo un acuerdo que se firmó el pasado 12 de agosto de este año (…) Y en ese sentido, uno de los acuerdos plantea iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia y se plantea la reforma a la LOTSJ específicamente el artículo 65”.
Infante ratificó la importancia de blindar y garantizar transparencia en el sistema de justicia con la reforma parcial de la LOTSJ.
El acuerdo incorpora un filtro técnico y ciudadano adicional para auditar minuciosamente el perfil ético, la trayectoria y el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales de los aspirantes.
Dos reformas del TSJ en el 2026
La primera reforma, sancionada en mayo de 2026, modificó la integración de la máxima corte venezolana para ampliar el número total de magistrados y la composición de sus salas. En este sentido la Sala Constitucional pasó de 5 a 7 magistrados, y las demás salas pasaron de 3 a 5 magistrados, elevando el total de la corte a 32 juristas.
La segunda reforma, aprobada el 1° de septiembre, respondió a la modificación del artículo 65 de la LOTSJ para reestructurar el número de integrantes del CPJ
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Por primera vez en la era republicana la sociedad civil cuenta con un número mayor de representantes en el CPJ Postulaciones Judiciales en comparación a los diputados de la AN. Fotografía: Prensa AN.
Reforma del Comité de Postulaciones
La Asamblea Nacional tras ser aprobada por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), materializó el primer acuerdo concreto alcanzado en la mesa de diálogo entre el Estado venezolano y la delegación de la oposición (especifica cuál, hay muchas oposiciones).
Este pacto político, obliga a reiniciar y reestructurar completamente el proceso de selección para renovar a la totalidad de los 32 magistrados de la alta corte venezolana.
El acuerdo incorpora un filtro técnico y ciudadano adicional para auditar minuciosamente el perfil ético, la trayectoria y el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales de los aspirantes.
El rol de la sociedad civil
Aunque la decisión final siempre es parlamentaria, los representantes ciudadanos forman parte de la evaluación técnica junto a los diputados para revisar credenciales, aplicar baremos de evaluación y preseleccionar a los aspirantes antes de que la lista que ingrese a la plenaria parlamentaria.
Por primera vez, se estableció formalmente que la sociedad civil tendrá mayoría numérica a los diputados en un intento por dotar de mayor transparencia y equilibrio institucional al proceso de renovación de los magistrados, pero se debe de recordar que la designación oficial la hace siempre el Poder Legislativo.
De Corte a Tribunal, un poco de historia
Tras la llegada del proceso revolucionario en 1999, se produjo un quiebre institucional con respecto a la llamada Cuarta República, que impulsó cambios profundos en el país y sus instituciones a partir de la elección y la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual propuso en la nueva Constitución Bolivariana disolver la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ) y propuso el nacimiento del actual TSJ
En 2004, se llevó a cabo la primera reforma de la LOTSJ, impulsada tras los eventos políticos de 2002, en ese momento se amplió el número de magistrados, pasando de 20 a 32.
La reducción de 2022 el Parlamento revirtió la ampliación histórica de 32 a 20 magistrados, bajo el argumento de combatir el retardo procesal y optimizar el gasto.
A continuación se presenta de manera cronológica las modificaciones en la estructura operativa del Poder Judicial desde principios del proceso revolucionario hasta nuestra fecha., en la cuales se definen siete reformas, en los años 1998, 1999, 2004, 2022 y estas dos últimas realizadas en el 2026.
Presidentes y TSJ
En agosto de 2002, el Comandante Chávez, pronunció uno de sus discursos más recordados contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la decisión de la Sala Plena de sobreseer la causa a los militares implicados en el golpe de Estado de abril de ese mismo año.
Chávez, calificó el fallo como un "atropello" y una "monstruosidad", catalogándolo como una decisión "golpista" que manchaba la justicia venezolana.
El Comandante Chávez, impulsó importantes reformas en todo el aparato judicial venezolano. Fotografía: Prensa AN
"El respeto a la democracia exigía acatar la sentencia como se traga uno un pez con espinas...".
Durante la apertura del año judicial 2024, el mandatario Nicolás Maduro pronunció un discurso en la sede del Poder Judicial enfocado en la consolidación del sistema de justicia , exhortando a los jueces y magistrados a salir de las oficinas para escuchar al pueblo directamente en plazas, comunidades y consejos comunales.
“Hemos dado pasos importantes y certeros en la construcción de lo que hoy es un sólido Poder Judicial que se ha refundado en sus bases filosóficas, teóricas, jurídicas y legales." Expresó.
La mandataria expresó la importancia de contar con un sistema de justicia sólido para el progreso de la Nación. Fotografía: Prensa Presidencial.
Por su parte, la presidenta Delcy Rodríguez, durante el inicio del año fiscal 2026, se pronunció a favor del rol del poder judicial y los cambios en el sistema.
"Vamos por un nuevo modelo de justicia, un sistema que enfrente los desafíos del acceso a la justicia, el retardo judicial, la corrupción judicial", dijo.
El máximo tribunal en Venezuela, es un pilar fundamental para el ejercicio republicano, ya que una de sus tareas principales es mediar o ser el árbitro de controversias de carácter nacional y de interpretar las normas constitucionales de manera vinculante para toda la población y revisar las decisiones de otros poderes públicos.
Se espera que con esta nueva reforma el país alcance la estabilidad necesaria para seguir avanzando y profundizando el proceso político, económico y social en Venezuela.
