“Nos reconstruimos como un pueblo en hermandad” : a dos meses del 24J
Venezuela transita una etapa marcada por la reconstrucción, el renacer y el sanar
24/08/26.- “Que nada nos detenga, por sobre el dolor, que surja la esperanza (…) que nosotros podamos reconstruirnos como un pueblo de hermandad”, fueron las palabras de la presidenta, Delcy Rodríguez, tras la emergencia, las cuales evidencian el proceso de resiliencia que ha marcado estos dos meses después del doble terremoto una etapa llena de inspecciones estructurales, demoliciones controladas, viviendas entregadas, leyes para facilitar el acceso a viviendas y el desafío más complejo después de una tragedia que implica la reconstrucción de la vida de miles de familias.
Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con tan solo 39 segundos de diferencia, dejaron al menos, según el balance oficial difundido por las autoridades el 17 de agosto un saldo de 6.438 fallecidos. Asimismo, reportaron 6.462 personas rescatadas y 86.358 atendidas en hospitales, mientras que la evaluación de viviendas alcanza a 59.109 inmuebles de los cuales 34.680 de la viviendas fueron consideradas habitables, 13.733 tienen acceso restringido y 10.696 fueron clasificados como de alto riesgo.
Durante las primeras horas de la emergencia dominó el esfuerzo institucional y ciudadano. La escena ahora es distinta: los rescatistas internacionales regresaron a sus países, los centros de comando dejaron de concentrarse exclusivamente en la búsqueda y salvamento, y la atención se trasladó a una tarea que requerirá un plazo más largo: construir y reconstruir viviendas, recuperar comunidades y devolver estabilidad a quienes lo perdieron todo.
Los campamentos transitorios
Miles de familias permanecen en campamentos transitorios que se encuentran abastecidos a través de apoyos estatales, donaciones privadas y acompañamiento de organismos internacionales, los cuales cuentan con zonas que garantizan la subsistencia básica y el bienestar integral de las familias damnificadas.
Estos espacios nacieron como respuesta inmediata a la emergencia, pero con el paso de las semanas se transformaron en lugares de transición donde las familias esperan soluciones habitacionales definitivas. La vida en estos campamentos implica adaptarse a nuevas rutinas, compartir espacios comunes y convivir con la incertidumbre sobre el momento en que podrán regresar a sus hogares o mudarse a una nueva vivienda.
Diversas instituciones fueron utilizadas temporalmente como centros de atención para damnificados, permitiendo alojar a cientos de personas durante los momentos más críticos. A medida que avanzó la recuperación, las autoridades iniciaron el proceso de restitución de estos espacios para garantizar el reinicio de las actividades académicas.
La vivienda como prioridad
La reconstrucción habitacional también exigió identificar con precisión quiénes perdieron sus hogares y qué tipo de solución requiere cada caso.
Por esa razón se puso en marcha el Registro Único de Vivienda para los afectados por el terremoto. El sistema incorpora mecanismos biométricos, caracterización socioeconómica y la localización de los inmuebles afectados, permitiendo construir una base de datos que sirve como referencia para la asignación de viviendas y la planificación de proyectos de reconstrucción.
La iniciativa comenzó en La Guaira y posteriormente se extendió a otras entidades impactadas por la emergencia ofreciendo un balance de 128.000 personas equivalentes a más de 40.000 familias.
En menos de dos meses ya 335 familias compuestas por mil 74 personas ya cuentan con una nueva vivienda, como rápida respuesta del Gobierno nacional, bajo el despliegue del Plan Venezuela Renace.
En ese mismo contexto, la Asamblea Nacional aprobó dos instrumentos legales destinados a dinamizar el sector vivienda y ampliar las opciones disponibles para la población afectada.
La primera fue la Ley Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, orientada a impulsar el mercado de alquileres y ofrecer mayor seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
La segunda fue la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, concebida para estimular la inversión, facilitar nuevos desarrollos habitacionales y fortalecer los mecanismos de protección para quienes adquieren inmuebles. Ambas normas forman parte de la estrategia diseñada para complementar los programas públicos de construcción y acelerar las soluciones para las familias damnificadas.
El país bajo evaluación
La primera gran tarea después de la emergencia fue determinar qué podía salvarse y qué no. Ingenieros, arquitectos, de distintos organismos desplegaron un proceso masivo de evaluación de edificaciones. La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras asumió la coordinación de este trabajo, que además ha contado con apoyo de expertos internacionales procedentes de Nueva Zelanda, Colombia, Canadá y Japón.
Las inspecciones permitieron clasificar cada inmueble mediante el sistema de semáforo. Las estructuras identificadas con color verde pueden seguir siendo ocupadas. Las de color amarillo requieren reparaciones y seguimiento técnico. Las de color rojo representan riesgo para sus ocupantes y deben permanecer desocupadas mientras se determina si pueden rehabilitarse o si será necesaria su demolición.
Logrando un balance de 60.300 inspecciones de ese total el 59 % es habitable, el 23 % se encuentra identificado con el color amarillo y más de 10.300 edificaciones que requieren estudios especializados
No todas las estructuras resistieron, algunas edificaciones fueron declaradas irrecuperables debido al nivel de daño sufrido durante el movimiento telúrico.
Las demoliciones representan para numerosas familias el cierre definitivo de una etapa de sus vidas. La gestión de toneladas de esos escombros se está desarrollando bajo estándares internacionales. Los mismos son distribuidos en centros instalados para recibir, clasificar y procesar los residuos.
Allí los materiales son separados, triturados y clasificados según sus características. El concreto es procesado mediante trituradoras industriales, mientras que los elementos metálicos son recuperados para su disposición y aprovechamiento posterior.
Hasta ahora se ha procesado más de millón de toneladas de escombros en lo que se ha convertido en una de las operaciones logísticas más importantes desarrolladas durante la fase de recuperación.
Venezuela Renace
Las autoridades presentan la reconstrucción como la segunda fase del programa. Estas obras abarcan reparaciones destinadas a reforzar estructuras y garantizar condiciones seguras para el retorno de los afectados. Además de financiamiento a comercios y familias.
Sin embargo, la recuperación no puede medirse únicamente en viviendas entregadas, toneladas de escombros removidas o edificios rehabilitados, existe otra reconstrucción más difícil de cuantificar se encuentra marcada por la pérdida. En los niños que vuelven a clases después de vivir semanas en refugios, en quienes aún sienten temor cada vez que perciben una vibración o escuchan una noticia relacionada con actividad sísmica. El país se encuentra en ese punto intermedio donde renacer es reconstruirnos, reencontrarnos y sanar.
ARIANNA HERNÁNDEZ / FOTOGRAFÍA: AMÉRICO MORILLO / CIUDAD CCS
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