Fiscalía boliviana solicita orden de captura para Evo Morales

En un caso de asedio político, le imputan siete delitos tras promover protestas en el país

29/07/26.- La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, quien ha sido acusado de siete delitos por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre los meses de mayo y junio.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió la orden de aprehensión en el marco de las investigaciones por el paro y bloqueo de carreteras que se prolongó durante 53 días en diversos puntos del país. La acción penal responde a una denuncia formal presentada de manera conjunta por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

La resolución fue realizada por el fiscal Brayan Melgar, en el cual se le atribuye a Morales los presuntos delitos de "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado", terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos, según reportan medios locales.

El expresidente Evo Morales no es el único señalado. La investigación también involucra a múltiples dirigentes sociales y de organizaciones laborales, donde algunos ya se enfrentan a procesos bajo custodia preventiva.

Protestas en Bolivia

Bolivia atraviesa una prolongada crisis política y social tras más de 40 días de movilizaciones, bloqueos de carreteras y protestas impulsadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y sectores populares que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo con reclamos relacionados con la situación económica y el abastecimiento de combustibles y alimentos, pero con el paso de las semanas evolucionaron hacia una demanda política de cambio de gobierno.

De acuerdo con reportes de la prensa boliviana, las protestas se extendieron a distintos departamentos del país y derivaron en bloqueos de vías estratégicas que han afectado la circulación de mercancías y el suministro de productos básicos.

Mientras los movimientos sociales responsabilizan al Ejecutivo por el deterioro de las condiciones de vida, el Gobierno sostiene que las medidas de presión han agravado la situación económica y dificultado el abastecimiento de la población.

CIUDAD CCS