Se reabre debate en Perú sobre la situación judicial de Pedro Castillo

Informe de la ONU sostiene posibles irregularidades en su detención en el año 2022

11/07/26.- El Gobierno de Perú reconoció este viernes que el reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas introduce nuevos elementos jurídicos en el caso del expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado por los hechos ocurridos durante la crisis política de diciembre de 2022.

La declaración fue realizada por el presidente interino José María Balcázar, quien señaló que las conclusiones emitidas por el organismo internacional podrían influir en futuras solicitudes relacionadas con la situación legal del exmandatario.

El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que la detención de Castillo presentó irregularidades desde el punto de vista del derecho internacional y recomendó al Estado peruano adoptar medidas orientadas a reparar la situación. Entre las recomendaciones figuran la liberación del exgobernante y la evaluación de mecanismos de compensación por los daños ocasionados.

Gobierno evaluará eventuales solicitudes

Balcázar indicó que cualquier acción por parte del Ejecutivo dependerá de la presentación formal de un recurso por parte de la defensa del exjefe de Estado. Explicó que, de concretarse una petición de indulto u otra medida excepcional, esta será analizada por las instancias competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el mandatario, el informe de Naciones Unidas constituye un antecedente relevante que deberá ser considerado dentro de cualquier evaluación legal futura, especialmente en el contexto de los últimos días de gestión gubernamental antes del cambio de mando previsto para el 28 de julio.

Caso Castillo vuelve al centro del debate

Pedro Castillo fue detenido en diciembre de 2022 luego de anunciar la disolución del Congreso y la reorganización de otras instituciones del Estado, una decisión que desencadenó una rápida respuesta de los poderes públicos y culminó con su destitución.

Posteriormente, el exmandatario enfrentó diversos procesos judiciales que derivaron en una condena superior a once años de prisión. Sin embargo, el reciente pronunciamiento de la ONU ha reactivado el debate sobre la legalidad de su arresto y sobre las garantías procesales aplicadas durante el desarrollo del caso.

Mientras tanto, el Ejecutivo peruano sostiene que cualquier decisión deberá ajustarse al marco constitucional vigente y seguir los procedimientos establecidos por la legislación nacional, a la espera de que la defensa de Castillo formalice una solicitud ante las autoridades correspondientes.

ARIANNA HERNÁNDEZ / CIUDAD CCS