Punto y seguimos | Otra historia de los descartados

Por Mariel Carrillo García

29/09/2026.- La señora Maricarmen Abascal tiene 87 años. Nacida y criada en Madrid, ha vivido 70 años en el mismo lugar, un departamento del acomodado barrio de Retiro, rentado primero por su padre, luego por su madre y finalmente por ella misma a la muerte de aquella en 2005. Maricarmen cancela 500 euros al mes por el alquiler (su pensión es de € 1.350), una tarifa que se mantuvo, digamos, "estática" por muchos años, incluso cuando la propiedad fue adquirida por la inmobiliaria Urbagestión en 2018. Esta empresa compró el departamento a un precio "irrisorio", según indica el diario El País, "precisamente porque ella vivía allí". Desde el 2020, la inmobiliaria ha intentado desalojar a la anciana, quien, dicho sea de paso, nunca dejó de pagar su renta. Le informó que el contrato se había renovado dos veces (límite legal) y le aumentó el alquiler a 1.600 euros, cantidad que, claramente, no puede pagar con sus ingresos.

Urbagestión se negó a todas las formas de negociación legal propuestas. Insistió en que no podía renovar a € 500, y en el año 2025 logró la primera orden judicial de desalojo de Maricarmen, la cual no se efectuó gracias a la intervención de los vecinos. Vendrían tres intentos más, el último hace pocos días, cuando finalmente la empresa pudo sacar a la octogenaria de su hogar. Con mediaciones hasta de las Naciones Unidas, se ha intentado resolver el problema. Incluso ha habido ofertas de famosos (escritores, artistas...) de cancelar el alquiler aumentado de Maricarmen, y hasta de comprar el inmueble para permitir que la señora lo siga habitando, pero la inmobiliaria se negó a todo.

Como para hacer más evidente a la inquina, después de idas y venidas, los litigantes de Urbagestión propusieron que el Ayuntamiento de Madrid comprara la propiedad para que Maricarmen pudiera acceder a alquileres más bajos a través del programa social de la entidad. La otra parte lo descartó. El Ayuntamiento y la Comunidad de la ciudad, luego del aspaviento mediático del caso, han declarado ser los únicos preocupados por el bienestar de la anciana y haberle ofrecido opciones —todas las cuales requerían que abandonara su hogar y se ubicara en espacios de asistencia social o alejados de su ciudad y todo lo que conoce—, pero que ella las ha rechazado. La abogada de Abascal relata la ignominia a la que ha sido sometida su clienta, víctima de leyes franquistas y desprotección de instituciones públicas. Sobre todo, lo que queda clarísimo en esta problemática es la deshumanización y la alevosía con la que la empresa inmobiliaria, propiedad de Fernando y Ricardo Alonso, ha llevado la situación.

La compañía es éticamente monstruosa. No oculta sus intenciones de deshacerse de la inquilina, porque el inmueble les pertenece. No la quieren allí, no permiten que otros paguen el alquiler, ni que lo compren para garantizar que siga habitando el lugar, y proponen tratos imposibles. Es ominoso. Supera el tema del derecho a la propiedad. Es una escena que muestra con crudeza que se trata de una cuestión de poder. No es por el dinero (del alquiler o el apartamento). Incluso si el lugar es parte de un proyecto millonario futuro, ello no justifica el desahucio de una mujer sola en la última etapa de su vida. Es la necesidad de imponer un valor, de dejar demostrado que los derechos de quienes tienen el poder valen más que los derechos humanos del ciudadano común.

Hoy Maricarmen se encuentra agotada y afectada en la cama de un hospital público, mientras los "dueños" legales de su casa (¿70 años pagando renta no significan nada?) y los organismos del Estado se dedican a burocratizar y a jugar con la vida de una mujer de casi 90 años, despojada de su hogar, tratada como un desecho, un inconveniente, algo descartable. Mejor prueba de lo que el capitalismo le hace a la vida no hay. Tanto Maricarmen como Gaza son ejemplos —en distinta gradación— de que el sistema actual es incompatible con la humanidad.