Defensoría revisará casos de 100 jóvenes desaparecidos desde el 2019

El organismo articulará con entes internacionales ubicando víctimas de trata en fronteras

15/09/26.- La Defensoría del Pueblo acordó revisar individualmente más de cien casos de jóvenes desaparecidos desde 2019 e iniciar gestiones con organismos nacionales e internacionales para su localización. La medida se estableció tras una reunión entre la defensora Eglée González Lobato y el Grupo Esperanza de Madre, en la que se alertó sobre la actuación de grupos irregulares que captan jóvenes en las fronteras de Táchira y Apure, así como en México, Perú y Chile, con fines de explotación laboral.

Atención directa a familiares y denuncias en zonas críticas

Las voceras de la organización manifestaron que la mayoría de los expedientes documentados corresponden a personas extraviadas en los estados fronterizos de Táchira y Apure, así como en trayectos migratorios hacia México, Perú y Chile. Asimismo, indicaron las trabas administrativas y legales que han entorpecido la formalización de denuncias, advirtiendo sobre patrones de captación forzada de jóvenes mediante redes ilegales que operan en las áreas limítrofes. Frente a esta situación, la titular de la institución ratificó el compromiso del Estado para garantizar respuestas oportunas a las víctimas indirectas.

“Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, revisando cada caso y procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas”.

Ruta institucional y articulación internacional

En el marco del plan de acción acordado, la Defensoría verificará los procedimientos ejecutados previamente e iniciará gestiones articuladas con organismos policiales, judiciales e instancias internacionales según la ubicación geográfica de cada suceso. A fin de proteger la privacidad de los afectados, la institución mantendrá una vía directa de comunicación para notificar sobre los avances correspondientes.

Esta intervención busca transformar la búsqueda individual de las familias en una respuesta articulada del Estado, que combina el seguimiento legal de los expedientes con la cooperación internacional para ubicar a las personas desaparecidas y frenar las redes de explotación en zonas vulnerables.

MELISSA VARELA / CIUDAD CCS