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Colombia: Piden evitar crueldad estatal ante escalada de violencia

Defensoría cuestiona actuación de De la Espriella tras combates con disidentes de las FARC

Los recientes enfrentamientos reportaron la muerte de 7 presuntos irregulares.

07/09/26.- La Defensoría del Pueblo de Colombia, representada por Iris Marín, formuló un firme llamado al presidente Abelardo De la Espriella para que el Estado no intente competir en niveles de crueldad, humillación o demostración de poder, con los grupos armados ilegales. El pronunciamiento surgió a raíz de la difusión de un video donde el mandatario aparece caminando entre cadáveres de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) embolsados, tras una operación militar en el departamento del Guaviare que dejó 23 muertos.

La defensora enfatizó que pese a las décadas de conflicto en el país, resulta inédito ver a un presidente exhibir orgullo al transitar entre los fallecidos de un operativo. Frente a las observaciones, el presidente De la Espriella ha reafirmado su doctrina de contención, basada en el uso absoluto de la fuerza militar y el cumplimiento de las leyes, descartando de forma tajante cualquier intento de negociación con organizaciones criminales, una postura que contrasta de manera directa con las políticas de diálogo implementadas por su antecesor, refirió el portal Telesur.

Bajo esta premisa de "mano dura", el jefe de Estado ratificó que la paz en el territorio nacional se alcanzará "por la razón o por la fuerza", sosteniendo una ofensiva sostenida contra la criminalidad organizada y las estructuras disidentes en las diversas regiones del país.

En el marco de esta reciente escalada bélica, el gobierno reportó el fallecimiento de siete presuntos integrantes del frente Franco Benavides, del Estado Mayor Central (EMC), durante enfrentamientos en El Peñol, Nariño, además de la captura de cinco personas y la incautación de armamento y material de inteligencia.

Asimismo, dentro de los balances de seguridad presentados desde el inicio del mandato el 7 de agosto, las autoridades destacaron miles de detenciones, incautaciones de estupefacientes como fentanilo y ketamina, erradicación de cultivos de coca y la destrucción de infraestructura destinada a la minería ilegal.

Sin embargo, el recrudecimiento de las acciones armadas ha generado severas alertas de organismos internacionales y judiciales, por el impacto directo en la población civil y en los menores de edad.

A finales de agosto, un bombardeo en el Guaviare cobró la vida de diez personas, incluyendo a tres adolescentes, hecho que llevó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, a ordenar al presidente y al Ejército nacional, la suspensión de bombardeos cuando existan indicios o reportes sobre la presencia de menores en la zona de ataque.

CIUDAD CCS